Este martes, se discutió un dictamen clave en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que busca reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir a los trabajadores de plataformas digitales. Ante este panorama, el Partido Acción Nacional (PAN) propone un enfoque innovador y equilibrado que protege los derechos laborales sin comprometer el crecimiento económico ni la flexibilidad del sector.

El Plan VAS: Vacaciones, Aguinaldo y Seguridad Social

El PAN presenta el Plan VAS, una propuesta integral que garantiza a los trabajadores de plataformas digitales acceso a:

• Vacaciones: Un derecho fundamental para el descanso y la productividad.
• Aguinaldo: Un beneficio económico vital para miles de familias mexicanas.
• Seguridad Social: Cobertura médica, seguro de riesgos laborales y contribuciones al Infonavit.

Este enfoque asegura que las personas trabajadoras puedan disfrutar de condiciones laborales dignas, adaptadas a las características únicas de las plataformas digitales.

Justicia laboral y flexibilidad, de la mano

La propuesta del PAN reconoce que las plataformas digitales ofrecen una modalidad laboral que combina libertad y adaptabilidad. Sin embargo, esto no debe ser excusa para negar derechos fundamentales.
En palabras del PAN:

"Las y los trabajadores de plataformas digitales merecen seguridad sin perder su flexibilidad. Derechos laborales y crecimiento económico no están peleados; buscamos el equilibrio".

El objetivo es un marco legal inclusivo que permita a las empresas operar de manera sostenible mientras protege a las personas trabajadoras.

Críticas al enfoque de Morena

Aunque Morena propone una "nueva modalidad laboral", el PAN destaca las carencias y riesgos de dicha reforma:

• Carga fiscal desproporcionada: La reforma puede ahogar a las empresas y provocar que muchas plataformas abandonen el mercado mexicano.
• Pérdida de empleos: Sin un balance adecuado, miles de mexicanas y mexicanos podrían quedarse sin ingresos.
• Falta de claridad: Morena no ofrece soluciones concretas para garantizar la viabilidad empresarial ni responder a las necesidades reales de los trabajadores.

"Con esta reforma, Morena le pone alas a un pájaro, pero lo encierra en una jaula", critica el PAN.

Una visión responsable y equilibrada

El PAN busca impulsar un modelo que combine progreso e innovación con justicia social. Por ello, propone:

1. Diálogo abierto: Un parlamento donde todas las voces, incluyendo trabajadores y empresas, sean escuchadas.
2. Reformas viables: Seguridad social y protección sin eliminar la flexibilidad laboral.
3. Soluciones claras: Seguro de riesgos de trabajo, servicios médicos y contribuciones patronales equilibradas.

Hacia un México con justicia laboral e innovación digital

Para el PAN, el trabajo digno no depende del modelo laboral; es un derecho universal. Por eso, su propuesta se basa en garantizar la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras sin sacrificar la competitividad empresarial.

En palabras del partido:

"Creemos en un México donde el progreso y la innovación vayan de la mano con la justicia social y el bienestar de todas las familias".

Con el Plan VAS y un enfoque responsable, el PAN busca un equilibrio entre derechos laborales, viabilidad empresarial y desarrollo económico.

El 15 de septiembre de 2024, Morena consolidó su ofensiva contra la independencia del Poder Judicial con la publicación de un decreto que ha desencadenado uno de los episodios más oscuros para la justicia en México. Hoy, las leyes secundarias que pretenden dar forma a esta reforma se discuten en el Congreso, dejando en evidencia su verdadero objetivo: someter a jueces y magistrados a los intereses de un régimen autoritario.

Esta no es una reforma para mejorar el acceso a la justicia ni para fortalecer el sistema judicial. Es, en realidad, una "deforma judicial" que centraliza el poder en órganos diseñados para castigar la disidencia, eliminando criterios claros para la adscripción de jueces y priorizando la lealtad política sobre el mérito. El proceso de selección es opaco y plagado de irregularidades, más cercano a un circo político que a un ejercicio democrático.

Cuando la justicia se convierte en una herramienta al servicio del poder, la imparcialidad desaparece y con ella la confianza ciudadana. Morena no quiere un Poder Judicial independiente; quiere un sistema dócil que proteja sus intereses y persiga a sus críticos.

Desde el PAN, rechazamos este asalto a la autonomía judicial. La justicia no es negociable, y seguiremos luchando para evitar que se consolide una dictadura disfrazada de reforma. Hoy es la independencia judicial lo que está en juego, pero mañana podría ser la democracia misma.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta serios desafíos en su primer año de operación. Inaugurado el 16 de diciembre de 2023, el sistema ferroviario ha transportado solo 480,769 pasajeros hasta el 14 de octubre de 2024, cifra que representa apenas el 19.5% de la meta anual de 3 millones de usuarios establecida por el gobierno.

Balance del primer año: lejos de las expectativas

Conforme a las estimaciones oficiales, el Tren Maya debería trasladar alrededor de 8,200 personas por día, pero los reportes indican que actualmente su uso diario se limita a unas 1,600 personas. La mayoría de los pasajeros han sido mexicanos no locales, provenientes de otras entidades del país, mientras que los pasajeros extranjeros representan únicamente el 5% del total.

Distribución de pasajeros:

• Nacionales (no locales): 317,754
• Locales (habitantes de los estados por donde pasa el tren): 138,479
• Extranjeros: 24,536

Incremento en costos y retrasos en infraestructura

El costo inicial del proyecto, estimado en 140 mil millones de pesos, se ha triplicado según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alcanzando los 515 mil millones de pesos. Además, los 1,554 kilómetros de vía ferroviaria aún no están completamente terminados. Los tramos entre Tulum, Campeche y Escárcega continúan en construcción, lo que limita el recorrido total del tren.

A esto se suma un presupuesto adicional de 40,827 millones de pesos asignado para 2025, destinado al desarrollo del tren de carga, que según la presidenta Claudia Sheinbaum será clave para fortalecer la operación comercial del proyecto.

Retos y perspectivas

La baja afluencia de pasajeros y los altos costos han generado críticas hacia el proyecto, que en su concepción fue diseñado para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales. Sin embargo, la falta de rutas completas y los retrasos en la llegada de nuevos trenes han obstaculizado su éxito.

La presidenta Sheinbaum defendió recientemente el proyecto, asegurando que la apertura de la ruta entre Palenque y Chetumal en diciembre y la llegada de nuevos trenes en 2025 fortalecerán su desempeño. "Es falso que tenga problemas. El Tren Maya es un éxito", declaró.

El Tren Maya enfrenta desafíos significativos que contrastan con las ambiciosas proyecciones iniciales. Mientras el gobierno busca consolidar su operación con nuevos tramos y la incorporación del tren de carga, el éxito de este proyecto dependerá de su capacidad para aumentar la afluencia de pasajeros, optimizar costos y cumplir las expectativas económicas y sociales que se le atribuyeron.

Cada 9 de diciembre, el mundo observa el Día Internacional contra la Corrupción, una oportunidad para evaluar avances y retos en el combate a este fenómeno. En México, este problema no solo persiste, sino que también se ha enraizado profundamente en la cultura institucional y social, a pesar de los compromisos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para erradicarlo al inicio de su gobierno en 2018.

Si bien AMLO posicionó el combate a la corrupción como el eje central de su administración, los datos muestran que estas promesas no han producido resultados tangibles. Por cuarto año consecutivo, México obtuvo 31 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, colocándose en el lugar 126 de 180 países evaluados. Este estancamiento lo ubica como el país peor calificado dentro de la OCDE y uno de los más bajos en América Latina​

Escándalos como Segalmex, la Estafa Maestra, y el caso Agronitrogenados son ejemplos emblemáticos de corrupción que no han derivado en sentencias definitivas, lo que refuerza la percepción de impunidad en el país. Asimismo, la falta de independencia en las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos agrava la problemática.

Corrupción cotidiana: La otra cara del problema

Más allá de los grandes casos, la corrupción afecta directamente a los ciudadanos. Según datos del INEGI, en 2023 el 14% de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de actos corruptos al realizar trámites o interactuar con autoridades. Además, el 59% de las personas que tuvieron contacto con una autoridad pública reportaron haber sido víctimas de corrupción, siendo este el porcentaje más alto desde 2013. Pese a ello, solo el 4.8% de las víctimas denunció estos hechos​

Este fenómeno se refleja en prácticas como sobornos para evitar multas, agilizar trámites o garantizar servicios básicos. La normalización de estas conductas perpetúa el problema y dificulta su erradicación.

Retos para el futuro

Con el inicio de un nuevo ciclo político en México, la corrupción representa uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. De acuerdo con Transparencia Mexicana, será crucial fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y garantizar la independencia de las fiscalías, además de proteger a denunciantes y alertadores de corrupción​

Además, se debe abordar la convergencia entre corrupción y crimen organizado, que se manifiesta en temas como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Sin una estrategia integral que aborde estas intersecciones, los avances serán limitados.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, México enfrenta un panorama complejo y desafiante. Las grandes promesas no han sido suficientes para transformar un sistema arraigado en décadas de impunidad y malas prácticas. Sin acciones concretas y la voluntad política para fortalecer las instituciones, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una asignatura pendiente para el país.

Es imperativo que los ciudadanos y organizaciones continúen exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso para romper el ciclo de corrupción que tanto afecta al desarrollo social y económico de México.

Con información de Nexos, Expansión y ADN Político.

La propuesta de Presupuesto de Egresos alternativo para 2025, presentada por Acción Nacional, busca redirigir recursos clave hacia sectores prioritarios como seguridad, salud, educación, mujeres y reactivación económica, sin incrementar el gasto total, estimado en 9.3 billones de pesos. Este plan abarca reducciones y reasignaciones estratégicas para lograr un impacto positivo en el bienestar de los mexicanos.

Principales Ajustes Propuestos

1. Reducción al presupuesto del Tren Maya

Se propone reducir en un 50% el presupuesto asignado para 2025, pasando de 40,000 a 20,000 millones de pesos.

• Motivo: La obra ha presentado inconsistencias técnicas, sobrecostos por 404 mil millones de pesos, y dudas sobre su rentabilidad operativa.
• Impacto: Liberará recursos para sectores prioritarios.

2. Eliminación de recursos al IPAB (FOBAPROA)

El presupuesto destinado a programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca sería eliminado por completo, liberando 52,452 millones de pesos.

• Motivo: Representa una carga fiscal arbitraria para los contribuyentes.

3. Ajuste al presupuesto de PEMEX

Se propone un recorte del 10.8% al presupuesto de Petróleos Mexicanos, liberando 50,000 millones de pesos.

• Motivo: Pérdidas acumuladas de 1.3 billones de pesos durante el sexenio y producción por debajo de lo proyectado.

4. Reducción al presupuesto de la Refinería Dos Bocas

El recorte del 36.7% dejará el presupuesto de Dos Bocas en 86,349 millones de pesos, liberando otros 50,000 millones de pesos.

• Motivo: Proyecto concluido con sobrecostos significativos y cuestionada eficiencia operativa.

5. Ajuste al precio del barril de petróleo

Se plantea incrementar el precio estimado del barril de petróleo de 57.8 a 63.8 dólares para 2025.

• Impacto: Un ingreso adicional estimado de 78,600 millones de pesos.

6. Creación del Seguro Universal de Salud

Redireccionar los 165,000 millones de pesos del IMSS-Bienestar para implementar un Seguro Universal de Salud, que garantizará atención médica integral para todos los mexicanos.

Sectores Beneficiados

Seguridad Pública

• Programas fortalecidos: Blindar México, fortalecimiento de policías locales y fiscalías, Universidad de la Policía, y búsqueda de personas desaparecidas.
• Presupuesto ampliado: 42,500 millones de pesos.

Salud Pública

• Programas clave: Seguro Universal de Salud, vacunación, atención al cáncer, salud mental y VIH/Sida.
• Presupuesto ampliado: 211,000 millones de pesos.

Mujeres y Niñez

• Programas fortalecidos: Estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, apoyo a víctimas de violencia, y reducción de mortalidad materna.
• Presupuesto ampliado: 13,300 millones de pesos.

Reactivación Económica

• Iniciativas clave: Apoyo a emprendedores, MIPYMES, y fomento a la agricultura, ganadería y pesca.
• Presupuesto ampliado: 56,654 millones de pesos.

Educación e Infraestructura Educativa

• Áreas de inversión: Infraestructura escolar, universidades, y programas de inglés.
• Presupuesto ampliado: 23,000 millones de pesos.

Medio Ambiente

• Programas destacados: Agua potable, drenaje, tratamiento de residuos, y cuidado de áreas naturales protegidas.

Adicionalmente, el PAN propone:

• Incrementar recursos para educación, garantizando que no haya recortes a universidades como la UNAM, IPN y UAM.
• Aumentar apoyos a comunidades indígenas y migrantes.
• Destinar más fondos a medio ambiente, cultura, ciencia y tecnología.
• Restablecer el FONDEN para atender desastres naturales de manera eficiente.

El PAN presenta un presupuesto responsable, eficiente y enfocado en las verdaderas necesidades de las familias mexicanas. No pedimos más dinero; pedimos gastar mejor, priorizando salud, educación, seguridad y desarrollo económico.

Por un México donde cada peso cuente, donde las mujeres tengan refugio, los niños educación de calidad, y las familias vivan con tranquilidad. Esto es lo que representa el Presupuesto Alterno del PAN 2025: un Presupuesto que Te Sirva.

El pasado martes, el pleno de la Cámara de Diputados discutió un dictamen que busca reformar los artículos 4º y 5º de la Constitución en materia de salud pública. Mientras que la prohibición del fentanilo ilícito es una medida urgente y necesaria, la inclusión de la prohibición de los vapeadores genera preocupación. Esta propuesta no solo ignora la realidad del consumo, sino que puede desencadenar consecuencias negativas para la salud pública y la seguridad.

La trampa en la propuesta

El grupo parlamentario de Morena ha decidido incluir en un solo dictamen dos temas distintos: la prohibición del fentanilo ilícito y la de los vapeadores. Para el PAN, esta estrategia es un exceso, ya que equiparar el combate a una de las drogas más peligrosas del mundo con la regulación de productos como los vapeadores desvirtúa los esfuerzos de salud pública.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, lo resumió así:

“Colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una a los vapeadores es a todas luces un exceso y colocarlos a la par es desvirtuar el esfuerzo que se hace por combatir a las drogas más adictivas y peligrosas de las que se tienen noticias frente al uso del fentanilo. Como médico estoy en contra de prohibir y quiero que estos productos estén estrictamente y rigurosamente controlados.”

Por su parte, la diputada Paulina Rubio Fernández, también del PAN, señaló:

“Enunciar en la Constitución Política la prohibición de la producción y distribución del fentanilo no va a solucionar el problema de seguridad ni la corrupción ni asegura que el gobierno mexicano vaya a cumplir con su trabajo. Se requiere una política de prevención de adicciones y de reconstrucción del tejido social. El enemigo en común es el fentanilo.”

La regulación como herramienta clave

Prohibir los vapeadores no resolverá el problema de su uso. Estos productos son parte de una realidad que no se puede ignorar. Al prohibirlos sin ofrecer alternativas responsables, se fomenta el mercado negro y se expone a los consumidores a productos de baja calidad y mayor riesgo.

La regulación es la solución más efectiva para proteger a la población. Esto incluye:

1. Estándares de calidad: Asegurar que los productos en el mercado sean seguros y libres de sustancias tóxicas como mercurio o metales pesados.
2. Control del mercado negro: Evitar que el comercio ilegal de vapeadores siga creciendo, alimentando la violencia y las complicaciones de salud.
3. Educación pública: Lanzar campañas informativas sobre los riesgos y beneficios de estos productos para fomentar su uso responsable.
4. Políticas de reducción de daños: Promover los cigarrillos electrónicos como alternativas menos dañinas al tabaco tradicional, siempre bajo supervisión médica.

Lecciones del pasado

La historia demuestra que las prohibiciones absolutas no eliminan problemas, solo los agravan. La Ley Seca en Estados Unidos fortaleció al crimen organizado y generó más violencia. En lugar de repetir ese error, México debe implementar soluciones basadas en la regulación y la prevención.

Un llamado a la razón

Desde el PAN, la postura es clara:

• Regular, no prohibir.
• Combatir el fentanilo ilícito con medidas firmes.
• Fortalecer políticas de prevención de adicciones.

México merece soluciones integrales que aborden las causas de los problemas, no medidas simplistas que los oculten.

Como bien dijo el diputado Ramírez Barba:

“Prohibir a ciegas es proteger mal.”

Prohibir los vapeadores no es proteger a los jóvenes ni mejorar la salud pública, es alimentar el mercado negro y desviar recursos de problemas más graves. México necesita regulación, educación y prevención, no parches que ignoren la realidad.

#ProhibirNoEsProteger
La protección de la salud pública debe basarse en evidencia científica y responsabilidad legislativa. Desde el PAN seguiremos impulsando políticas públicas que realmente marquen una diferencia en la vida de los mexicanos.

El diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del PAN, impulsará este martes un punto de acuerdo urgente al Gobierno Federal para atender la crisis generada por la plaga del gusano barrenador de ganado y el cierre de la frontera con Estados Unidos, que ha impactado gravemente al sector ganadero, especialmente en Coahuila.

Esta situación amenaza no solo la economía de los productores, sino también el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad en la región.

Coahuila, pilar de la ganadería nacional

La ganadería bovina es una de las principales actividades económicas de Coahuila, con un promedio anual de 60 mil cabezas de ganado exportadas a Estados Unidos. Esta industria genera ingresos millonarios y empleos tanto directos como indirectos, desde ejidatarios y rancheros hasta transportistas y trabajadores de engorda. Sin embargo, el cierre de la frontera ha dejado varadas entre 20 mil y 30 mil cabezas de ganado, provocando pérdidas económicas que ascienden a 10 mil pesos por becerro, según Arturo Valdés Pérez, ex presidente de la Asociación Ganadera de Coahuila.

“La medida afecta gravemente a los pequeños propietarios y ejidatarios, quienes dependen de la exportación para su sustento. Por culpa de unas cuantas engordadoras grandes que importan ganado irregular, todos estamos pagando justos por pecadores”, declaró Valdés Pérez.

Causas de la crisis del gusano barrenador de ganado en México

El cierre de la frontera se debe a la introducción irregular de ganado desde el sur de México, particularmente de Guatemala, lo que ha generado un incremento en enfermedades exóticas como el gusano barrenador. Esto ha llevado a Estados Unidos a endurecer las revisiones sanitarias, afectando incluso a los productores que cumplen con todas las normativas de exportación.

“En este trimestre, entre noviembre y enero, es cuando más exportamos. Este cierre pone en riesgo nuestra capacidad para sostener la economía ganadera del estado”, agregó Valdés Pérez.

Propuesta del diputado Guillermo Anaya

Ante este panorama crítico, el diputado José Guillermo Anaya Llamas propone:

1. Refuerzo de la vigilancia sanitaria: Exigir al Gobierno Federal un control riguroso en las fronteras sur y norte para detener el contrabando de ganado y prevenir la propagación de enfermedades.
2. Apoyo directo a los productores de Coahuila: Implementar subsidios para cubrir los costos de alimentación y mantenimiento de los animales varados, que generan pérdidas diarias para los ganaderos.
3. Reapertura inmediata de la frontera: Agilizar las negociaciones entre México y Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los estándares sanitarios y permitir la reanudación de las exportaciones.
4. Sanciones a importadores irregulares: Aplicar medidas estrictas contra las empresas que introducen ganado de contrabando, evitando que las acciones de unos pocos afecten a toda la cadena productiva.

Impacto económico y social del gusano barrenador de ganado en Coahuila

La crisis no solo afecta la economía de los ganaderos, sino también la de todo el estado. Los costos de mantener a los animales varados han aumentado significativamente, y las exportaciones detenidas amenazan con causar pérdidas incalculables si la situación no se resuelve pronto. Además, la incertidumbre genera preocupación en las familias que dependen de esta actividad para su sustento.

El diputado Anaya subrayó que la ganadería no es solo una tradición en Coahuila, sino un motor económico crucial para la región. Es imperativo que el Gobierno Federal actúe de inmediato para proteger esta industria, que representa no solo ingresos para el estado, sino también la estabilidad de miles de familias.

El llamado es claro: proteger a Coahuila y al norte de México de una crisis que amenaza con devastar una de sus actividades económicas más emblemáticas.

En medio de un contexto económico desafiante, la propuesta del PAN para limitar el precio de la gasolina a $20 pesos fue rechazada por Morena y sus aliados en el Congreso. Esta decisión ha generado una fuerte crítica, especialmente por el impacto que tendrá en el bolsillo de las familias mexicanas que ya enfrentan altos costos de vida.

La propuesta del PAN: gasolina accesible para todos

El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa en la Ley de Ingresos 2025 que buscaba establecer un tope máximo de $20 pesos por litro para las gasolinas premium, regular y diésel. Este límite se planteó como una medida para aliviar la carga económica de las familias mexicanas y garantizar precios más justos en los combustibles.

El proyecto incluía un artículo transitorio que aseguraría que los impuestos especiales no incrementaran los precios más allá de lo propuesto, con el objetivo de brindar estabilidad a los costos de transporte y productos básicos.

Impacto en las familias mexicanas

El diputado del PAN, Federico Döring, señaló que esta decisión perjudicará directamente a millones de mexicanos que dependen del transporte público o de vehículos para sus actividades diarias. "Negarse a limitar el precio de la gasolina y el diésel por debajo de $20 pesos es dar la espalda al pueblo. Es una traición que golpea la economía familiar", afirmó.

El aumento de los precios de los combustibles no solo afecta directamente el transporte, sino que también incrementa los costos de productos básicos, agravando la situación económica de los hogares.

Críticas a Morena

La coordinadora del PAN, Noemí Luna, destacó que Morena, junto con el Partido Verde y el PT, ni siquiera permitió que la propuesta se discutiera en el Congreso. "Este rechazo demuestra que el oficialismo prioriza sus propios intereses sobre las necesidades reales del pueblo", declaró.

Luna también recordó las promesas incumplidas del gobierno actual, particularmente la oferta de reducir el precio de la gasolina a $10 pesos por litro. "Esa promesa nunca se cumplió, y los mexicanos seguimos pagando las consecuencias de un gobierno que no responde a las necesidades de la gente", añadió.

¿Por qué era importante esta propuesta?

Establecer un límite al precio de la gasolina habría tenido beneficios significativos, como:

• Alivio económico para las familias mexicanas, reduciendo la carga en sus gastos diarios.
• Control de la inflación, al evitar aumentos en productos y servicios básicos.
• Estabilidad financiera, especialmente en un momento en que los combustibles son un factor clave en la economía nacional.

El compromiso del PAN

A pesar del rechazo, el PAN ha anunciado que llevará esta propuesta al Senado para seguir luchando por precios justos en los combustibles. "No vamos a permitir que todo se quede en promesas vacías. Continuaremos exigiendo un México más justo y un gobierno que realmente cumpla con su gente", aseguró Luna.

El rechazo de Morena y sus aliados a esta propuesta subraya una falta de sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos. En un país donde los altos costos de los combustibles afectan a millones, medidas como esta son fundamentales para proteger la economía de las familias mexicanas.

El PAN ha dejado claro que seguirá defendiendo el bolsillo de los mexicanos. ¿Qué opinas de esta decisión?

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum habría prometido transparencia para su gobierno recientes declaraciones dan a entender que es todo lo contrario, la intención del gobierno es desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y con ello el derecho a la información en México.

Este propósito del gobierno actual ha generado controversia y preocupación entre la sociedad civil, especialistas y ciudadanos. La medida ya está siendo impulsada por el Congreso y esta contradicción es sumamente preocupante. Más adelante te platico la importancia el INAI y el terrible peligro que significa su desaparición.

El origen del INAI y su relevancia

El INAI nació como resultado de un arduo trabajo de la sociedad civil para garantizar el acceso a la información pública, un derecho consagrado en el artículo 6º de la Constitución Mexicana. Desde su creación, ha sido un pilar para transparentar el ejercicio del poder, revelar casos de corrupción y proteger datos personales. Su autonomía ha permitido que los ciudadanos cuestionen y fiscalicen al gobierno sin intermediarios.

Sin el INAI, México corre el riesgo de retroceder décadas en materia de transparencia, colocando el acceso a la información en manos de instituciones gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública, que forman parte del mismo sistema que los ciudadanos buscan auditar.

Promesas de transparencia sin sustento

La administración de Sheinbaum asegura que la desaparición del INAI no afectará el derecho a la información, pero ejemplos recientes demuestran lo contrario:

Pemex y contratos opacos: Durante el sexenio de AMLO, los contratos de Pemex con la empresa Proyecta Industrial México, vinculada al operador de Adán Augusto López, sólo se conocieron gracias a solicitudes hechas al INAI. Sin este organismo, estos contratos, que suman más de 27 mil millones de pesos, podrían haber permanecido en la sombra.

Diconsa y Liconsa: Información básica como el directorio de tiendas y almacenes de Diconsa o las estadísticas de Liconsa solo están actualizadas hasta 2018. Esta opacidad contrasta con los objetivos de programas sociales dirigidos a sectores vulnerables.

Presupuestos inaccesibles: Recientemente, la Secretaría de Hacienda publicó el proyecto de presupuesto de egresos en formato PDF de imagen, dificultando su análisis y el escrutinio público.

El impacto de la desaparición del INAI

En 2022, el INAI resolvió más de 26 mil recursos de revisión, permitiendo a los ciudadanos combatir negativas gubernamentales para obtener información. Sin esta instancia, las inconformidades deberán resolverse en tribunales, aumentando los costos y tiempos para quienes buscan transparencia.

Además, la desaparición del INAI centraliza las decisiones en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia gubernamental que carece de independencia. Este cambio significa que el mismo gobierno decidirá si entrega o no la información solicitada, lo que representa un claro conflicto de interés.

La importancia del derecho a la información

El derecho a la información no es un privilegio, es una herramienta que empodera a los ciudadanos, fortalece la democracia y combate la corrupción. Desde casos como el desvío millonario en Segalmex hasta irregularidades en contratos de obra pública, el acceso a la información ha sido clave para exponer actos ilícitos.

La desaparición del INAI no sólo elimina un organismo, sino que pone en riesgo la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio ciudadano de derechos fundamentales.

La sociedad civil, los expertos y la ciudadanía deben alzar la voz para evitar que se borre uno de los avances más significativos en la construcción de un México más democrático. Sin transparencia, no hay democracia.