Mientras el gobierno de Morena insiste en negar la realidad, México se convirtió en el país con más acciones urgentes por desapariciones forzadas en el mundo, de acuerdo con datos del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.

Hasta septiembre de 2024, se habían registrado 681 peticiones urgentes para buscar personas desaparecidas, cifra que supera a naciones como Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193). Este mecanismo se activa solo cuando los gobiernos son incapaces o se niegan a actuar. ¿Qué dice eso del régimen de López Obrador?

Morena heredó una crisis… y la empeoró

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo 349 acciones urgentes. En el gobierno de López Obrador, van 332. Casi la misma cifra. La diferencia es que este sexenio presumía un cambio y terminó replicando los mismos vicios: abandono a las víctimas, desmantelamiento institucional y cero resultados.

"Entre más acciones urgentes se piden, menos urgente es la respuesta del gobierno federal", denunció Michael Chamberlin, activista y exmiembro de la CNDH.

El colmo: la ONU tuvo que activar un procedimiento inédito (artículo 34) para llevar la crisis mexicana ante la Asamblea General, al considerar que las desapariciones ya no son casos aislados, sino parte de una práctica sistemática. Un señalamiento gravísimo para cualquier país… y una vergüenza para el gobierno actual.

Morena destruyó lo que se había avanzado

Al inicio del sexenio pasado se construyó un andamiaje para enfrentar las desapariciones, pero Morena se encargó de destruirlo sin ofrecer nada a cambio.

Andrea Horcasitas, de la Universidad Iberoamericana, lo dijo claro:

• El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fue cerrado.
• El Centro de Identificación Humana se redujo a solo el 30% de su capacidad.
• El edificio quedó vacío.

¿Cómo pretende este gobierno enfrentar una crisis si ni siquiera reconoce que existe?

La ONU lo confirma: el Estado mexicano no está cumpliendo

Según el CED, en la gran mayoría de los casos se han documentado fallas en las búsquedas e investigaciones, incluyendo la participación de agentes públicos que han entorpecido deliberadamente los procesos. Es decir, no solo hay impunidad, también hay complicidad.

Sandra Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que aunque 681 acciones urgentes suenan muchas, son muy pocas si se comparan con las más de 126 mil personas desaparecidas en el país.

¿Y qué hace el gobierno de Morena?

Nada. Niega, minimiza, y ahora incluso acusa a la ONU de tener “una orientación política”, en lugar de asumir su responsabilidad. Una respuesta cínica que deja claro lo que ya sabíamos: la lucha por la verdad y la justicia no está entre sus prioridades.

México enfrenta un golpe económico brutal y el gobierno de Morena sigue cruzado de brazos. Desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, ha utilizado los aranceles como un arma política contra nuestro país. Y mientras los nuevos impuestos al acero, aluminio y sector automotriz golpean directamente a la inversión y el empleo de millones de mexicanos, el gobierno federal solo observa en silencio, sin estrategia, sin soluciones y sin carácter.

Desde Acción Nacional hemos dicho claro: México no puede esperar más. La tibieza de este gobierno nos ha costado caro, y si no actuamos con firmeza, las consecuencias serán devastadoras para la economía nacional.

Morena no supo negociar y ahora millones de empleos están en riesgo

Los aranceles de Trump no son una casualidad ni una sorpresa. Desde enero amenazó con aplicarlos y el gobierno de Morena prefirió minimizar el problema en lugar de enfrentarlo con una estrategia clara. En marzo, la amenaza se convirtió en realidad y los efectos ya se sienten en el sector automotriz, manufacturero y acerero.

México es una potencia en la industria automotriz. Este sector aporta el 4% del PIB nacional y más del 20% del PIB manufacturero, generando más de 900 mil empleos directos y millones de empleos indirectos. Pero la falta de liderazgo de este gobierno está poniendo en riesgo todo ese esfuerzo.

El cinismo de Morena es inaceptable. Mientras los trabajadores y empresarios enfrentan incertidumbre, el gobierno sigue postergando decisiones. Parece que no les importa el impacto que estos aranceles tendrán en el bolsillo de los mexicanos.

El PAN sí tiene soluciones: el #RescateAutomotrizPAN es la respuesta

Desde Acción Nacional no nos quedaremos de brazos cruzados. Sabemos lo que está en juego y por eso hemos presentado un plan de acción real para proteger la industria, el empleo y la economía de millones de familias mexicanas.

Estas son nuestras propuestas concretas:

✅ Deducción total de aranceles: Proponemos que el 100% del gasto en aranceles sea deducible de cualquier impuesto, principalmente del ISR, para evitar que las empresas cierren por culpa de la incompetencia del gobierno.

✅ Eliminación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN) cuando los aranceles superen el 10%. Si Morena no va a defender a la industria, nosotros sí lo haremos con incentivos que mantengan el mercado interno activo.

✅ Reducción del IEPS a los combustibles. Lo propusimos desde hace tiempo para bajar el precio de la gasolina, pero ahora es aún más urgente. Si el costo del transporte sube, todo sube, y el gobierno sigue sin hacer nada.

✅ Seguro de Desempleo y Programas de Empleo Temporal, porque sabemos que cada empleo cuenta y no vamos a dejar que las familias mexicanas paguen por la incompetencia de este gobierno.

✅ Ley de Protección y Fomento a la Industria Automotriz, una iniciativa que garantizará 20 años de estabilidad para la industria y evitará que México siga dependiendo de las improvisaciones de Morena.

Mientras Morena se rinde, el PAN actúa

El gobierno de Morena ha demostrado una vez más que no sabe gobernar. Su pasividad frente a los aranceles es un insulto para los trabajadores, empresarios y familias mexicanas. Prefieren quedarse callados antes que defender a México.

Desde el PAN dejamos claro: México sí puede dar la cara al mundo con liderazgo y soluciones. Mientras ellos improvisan, nosotros nos preparamos. Mientras ellos se rinden, nosotros luchamos. Porque lo que está en juego no es solo un tratado, es el futuro de millones de familias mexicanas.

Si Morena no tiene respuestas, el PAN sí. Y las vamos a defender con toda nuestra fuerza.

ste 2 de abril, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción discutirá el dictamen de la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, una reforma que Morena y sus aliados presentan como modernización, pero que en realidad es un ataque frontal a la transparencia y la competencia en las compras gubernamentales.

¿Qué pretende Morena con esta reforma?

• Menos licitaciones, más adjudicaciones directas: Se amplían las excepciones para evitar la licitación pública, permitiendo que el gobierno adjudique contratos sin competencia real.
• Una nueva plataforma sin garantías: Se sustituye CompraNet por una nueva herramienta digital, pero sin reglas claras sobre acceso, seguridad o integridad de datos.
• Compras exprés sin control: Se crea una "Tienda Digital del Gobierno", donde las compras rápidas podrán realizarse sin mecanismos efectivos de supervisión.
• Más poder discrecional para el gobierno: Se introducen figuras como la "adjudicación directa con negociación", sin criterios definidos, lo que deja las decisiones de compra en manos de unos cuantos funcionarios.
• Impunidad administrativa: Se exime a los servidores públicos de responsabilidad si alegan "fuerza mayor o caso fortuito" al incumplir la ley.

Acción Nacional defiende la transparencia

Desde el PAN, insistimos en que no se combate la corrupción eliminando controles, ni se fortalece la eficiencia debilitando la vigilancia. México necesita un sistema de adquisiciones con reglas claras, plataformas confiables y sanciones efectivas.

Esta reforma es un retroceso. No moderniza, maquilla. No transparenta, oculta. No permitiremos que Morena haga de las compras públicas un negocio sin control ni consecuencias.

Comparte esta información y exijamos juntos rendición de cuentas.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir esta semana una serie de iniciativas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, destinadas a reformar las leyes de Obras Públicas y Adquisiciones. Desde el Partido Acción Nacional (PAN), alertamos que estas modificaciones, lejos de fortalecer la transparencia, facilitan la discrecionalidad y el uso opaco del presupuesto público.

Uno de los aspectos más preocupantes es la eliminación del sistema CompraNet, que sería reemplazado por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. CompraNet ha sido, hasta ahora, el sistema de información gubernamental que ha permitido acceso a datos sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. Su eliminación representa un grave retroceso en el control ciudadano sobre los contratos públicos.

¿Por qué esta reforma es preocupante?

• Menos licitaciones, más adjudicaciones directas: Se reducen los concursos públicos y se incrementan las asignaciones sin competencia, favoreciendo la corrupción.
• Hacienda tendrá poder absoluto: La Secretaría de Hacienda centralizará la política de contrataciones, eliminando contrapesos y vigilancia externa.
• Negociaciones previas en lo oscuro: Se permitirá que las dependencias traten con contratistas antes de lanzar licitaciones, lo que abre la puerta a acuerdos a puerta cerrada.
• Incremento de costos sin justificación: La reforma elimina requisitos para modificar montos y plazos en los contratos, facilitando sobrecostos y proyectos interminables.
• Contratos entre dependencias sin regulación: Se habilita la contratación entre entes públicos sin aplicar las normas de transparencia.
• Sanciones insuficientes: No se establecen mecanismos efectivos de castigo para evitar la corrupción.

Reacciones en el Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha anunciado que esta será una semana intensa de discusiones. Sin embargo, en la reciente sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, los legisladores del PAN expresaron su descontento, denunciando que no se respetaron los plazos legales para la distribución de los dictámenes y abandonando la mesa de discusión en protesta.

Acción Nacional defiende la transparencia

En el PAN creemos en una obra pública que construya futuro con reglas claras, competencia justa y vigilancia ciudadana. No permitiremos que Morena haga de los contratos públicos un negocio sin control ni consecuencias.

La transparencia no es un obstáculo, es una obligación. Comparte esta información y exijamos juntos rendición de cuentas

El pasado 31 de marzo iniciaron oficialmente las elecciones judiciales en México, un proceso inédito que ha generado controversia y preocupación. La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024 y aprobada el 13 de septiembre del mismo año, establece que por primera vez en la historia mexicana los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces serán elegidos por voto popular.

A pesar de la magnitud del cambio, la mayoría de la población desconoce en qué consiste esta reforma y cuáles serán sus implicaciones. Lo que sí sabemos es que este será un proceso costoso en medio de una crisis de inseguridad por la inacción del gobierno federal.

Un proceso opaco y sin interés ciudadano

Las campañas para la elección de 881 cargos judiciales, incluyendo 9 ministros de la SCJN y 386 jueces de distrito, arrancaron en un clima de desinformación y apatía. A diferencia de otros procesos electorales, los candidatos tienen restricciones severas: no cuentan con financiamiento público, no pueden realizar actos masivos y solo pueden difundir sus propuestas a través de redes sociales.

Estas limitaciones afectan gravemente la equidad del proceso y reducen la posibilidad de que la ciudadanía conozca realmente a los aspirantes y sus planes.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE), las campañas federales durarán 60 días, aunque en los estados este periodo puede variar entre 35 y 60 días. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, estima que la participación ciudadana oscilará entre un 8% y un 15% del padrón electoral, una cifra alarmantemente baja que refleja la falta de interés y conocimiento sobre el proceso.

Crisis de seguridad y falta de información

Este ejercicio electoral se desarrolla en un contexto de crisis de seguridad en México. La violencia y la impunidad siguen siendo problemas graves, lo que ha generado cuestionamientos sobre si la elección de jueces y magistrados por voto popular realmente mejorará la impartición de justicia o si, por el contrario, hará más vulnerable al Poder Judicial frente a intereses externos y grupos de poder.

Además, la falta de información accesible y clara ha sido una constante en este proceso. Encuestas recientes revelan que solo el 48% de los encuestados apoya la reforma, mientras que el 21% la rechaza y apenas el 41% tiene conocimiento sobre su contenido. Esto demuestra que, más que democratizar el Poder Judicial, esta reforma ha generado confusión y desinterés entre la población.

Costos elevados y dudas sobre su viabilidad

A pesar de la baja expectativa de participación, este proceso tendrá un costo millonario, según el presupuesto precautorio aprobado en noviembre del 2024, el INE aprobó un presupuesto de 13 mil millones 205 mil para la organización de las elecciones del Poder Judicial, una erogación considerable para el Estado mexicano.

En un país con problemas urgentes en materia de salud, educación y seguridad, este gasto genera dudas sobre su conveniencia y utilidad.

El proceso electoral para elegir jueces y ministros de la SCJN en México no solo carece de interés ciudadano, sino que también representa un ejercicio viciado que amenaza con debilitar la autonomía judicial.

La falta de información, las restricciones impuestas a los candidatos y el preocupante contexto de violencia e inseguridad en el país confirman que este experimento está lejos de ser una verdadera expresión democrática. En lugar de fortalecer la justicia, todo apunta a que se trata de una maniobra política diseñada para consolidar intereses particulares a expensas del estado de derecho.

En México, el crimen organizado ha encontrado una nueva forma de expandir su control: el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Esta grave problemática ha sido denunciada en múltiples ocasiones por organizaciones de derechos humanos, pero las acciones gubernamentales han sido insuficientes para detenerla.

Como diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), he presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de tipificar con mayor claridad y severidad el delito de reclutamiento forzado de menores. Esta reforma busca cerrar los vacíos legales que han permitido que miles de niñas, niños y adolescentes sean utilizados en actividades ilícitas sin que los responsables reciban un castigo proporcional a la gravedad de su crimen.

Un problema que no puede ser ignorado

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2000 y 2019, más de 31,000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos criminales en México. Además, se estima que entre 30,000 y 35,000 menores son captados anualmente por estas organizaciones, lo que representa una crisis humanitaria de enormes dimensiones.

Los grupos delincuenciales han perfeccionado sus métodos de captación, aprovechándose de factores como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la descomposición del tejido social. Prometen protección, dinero y un sentido de pertenencia a niños que, en muchos casos, crecen en entornos de violencia y marginación. Sin embargo, una vez dentro de estas organizaciones, los menores son sometidos a abusos, explotación y, en muchos casos, son obligados a cometer crímenes atroces.

¿En qué consiste la iniciativa?

Con esta propuesta de reforma, buscamos modificar el artículo 201 del Código Penal Federal para incluir de manera explícita el reclutamiento forzado de menores como una forma de corrupción de menores. Esto significa que cualquier persona que obligue, manipule, facilite, procure o reclute a un menor de edad para involucrarlo en actividades delictivas será castigada con todo el peso de la ley.

Actualmente, las bandas criminales se aprovechan de que el sistema de justicia para adolescentes, establecido en el artículo 18 de la Constitución, impide que los menores sean juzgados con la misma severidad que los adultos. Esto ha generado un perverso incentivo para que los grupos delictivos recluten niños y adolescentes, pues saben que, en caso de ser detenidos, enfrentarán sanciones menores.

Nuestra iniciativa no solo busca endurecer las penas contra los reclutadores, sino también sentar las bases para que el Estado refuerce su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, garantizando que ningún niño más sea forzado a ingresar en estas redes criminales.

La urgencia de actuar

México atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y el reclutamiento de menores es una de sus manifestaciones más crueles. No podemos permitir que esta situación siga avanzando sin una respuesta firme por parte del Estado. Es necesario reconocer que los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas, no delincuentes, y que nuestra prioridad debe ser su protección y reinserción en la sociedad.

El principio del interés superior de la infancia, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, nos obliga a tomar medidas urgentes para erradicar esta práctica. Es momento de que el gobierno federal y el Congreso de la Unión asuman su responsabilidad y aprueben reformas que permitan castigar con firmeza a quienes atenten contra la niñez mexicana.

Desde mi trinchera en la Cámara de Diputados, seguiré impulsando iniciativas que protejan a la niñez y combatan la impunidad con la que operan los grupos criminales. Sin embargo, esta lucha no puede librarse únicamente desde el ámbito legislativo; es fundamental que la sociedad se una a esta causa y exija que las autoridades actúen con determinación.

El acceso a la justicia debe ser un derecho inquebrantable, sin importar de quién se trate el acusado. Sin embargo, en México, una vez más, vemos cómo el poder político puede convertirse en un obstáculo para la verdad.

El pasado 20 de marzo, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados decidió desechar la solicitud de Declaración de Procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta acusaciones de violencia sexual. Este acto, lejos de garantizar justicia, demuestra la protección que Morena otorga a sus aliados cuando se ven involucrados en delitos graves.

Ahora, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene la última palabra. La pregunta es clara: ¿permitirán que la investigación continúe o silenciarán la denuncia, dejando impune un caso que merece ser esclarecido?

Un proceso que no debe quedar en la impunidad

Desde Acción Nacional hemos dejado claro que toda denuncia debe ser investigada sin distinción de partido, poder o influencia. No se trata de colores políticos, sino de justicia para las víctimas.

El hecho de que Morena haya decidido cerrar la puerta a la investigación en la Sección Instructora es alarmante. No solo se trata de ignorar un caso concreto, sino de enviar un mensaje peligroso a todas las víctimas de violencia: si el agresor tiene poder, tu voz no vale nada.

La ciudadanía debe estar atenta a lo que suceda en la próxima votación en el Pleno. Si los diputados de Morena votan en contra de seguir con la investigación, estarán dejando claro que su discurso de justicia y equidad es solo una fachada conveniente.

Día Naranja: un contraste entre discurso y realidad

Hoy, como cada 25 de mes, se conmemora el Día Naranja, una iniciativa global para erradicar la violencia contra las mujeres. Paradójicamente, este mismo día, Morena tiene la oportunidad de demostrar con hechos si realmente están comprometidos con esta causa.

¿Seguirán ignorando una denuncia grave solo porque afecta a un miembro de su partido? Si su compromiso con los derechos de las mujeres es genuino, la única opción válida es permitir que este caso sea investigado a fondo.

No al carpetazo: exigimos justicia

El llamado es claro: cada diputada y diputado que vote en contra de la investigación estará contribuyendo a la impunidad.

🔹 La justicia no debe tener colores ni intereses políticos.
🔹 No se puede hablar de igualdad si se ignoran las denuncias de las víctimas.
🔹 Morena tiene la oportunidad de corregir su error y permitir que se investigue este caso.

Las mujeres de México no necesitan discursos, necesitan acciones.

Cada 21 de marzo, el mundo conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha clave para reflexionar sobre la inclusión y los derechos de las personas con esta condición. Si bien en los últimos años ha habido avances en la sensibilización, aún queda un largo camino por recorrer en términos de apoyo real y políticas efectivas.

Este 2025, organizaciones internacionales han determinado la importancia de mejorar los sistemas de soporte para personas con síndrome de Down desde gobierno para que puedan vivir con dignidad y apoyo comunitario.

Uno de los pilares fundamentales para la autonomía de las personas con síndrome de Down es la educación. Aunque muchos países han adoptado modelos de educación inclusiva, en la práctica aún existen barreras significativas. Se necesita una mayor capacitación para docentes, adaptación de metodologías y recursos accesibles que permitan el desarrollo pleno de cada estudiante. Un sistema educativo que valore la diversidad y promueva la inclusión desde la infancia es esencial para la integración social y laboral futura.

Acceso a atención médica: un reto para la comunidad con Síndrome de Down en México

El acceso a la salud es un derecho fundamental, pero muchas familias enfrentan dificultades para obtener atención médica especializada. Los gobiernos deben garantizar programas de seguimiento médico desde el nacimiento, con especialistas en cardiología, neurología y terapia ocupacional, entre otros. Además, es fundamental facilitar el acceso a terapias de estimulación temprana y programas de apoyo psicológico para las familias. Un sistema de salud eficiente y accesible mejora la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y fortalece su desarrollo.

Empleo y normalización: importante promover la aceptación social desde gobierno

El empleo es una de las mayores barreras para las personas con discapacidad intelectual. A pesar de sus capacidades y habilidades, muchas enfrentan discriminación laboral y falta de oportunidades. Es crucial que los gobiernos implementen incentivos para las empresas que contraten personas con síndrome de Down, así como programas de formación adaptados a sus necesidades. La inclusión laboral no solo brinda independencia económica, sino que también promueve una sociedad más equitativa y diversa.

El cambio cultural es clave para garantizar la integración plena de las personas con síndrome de Down. Los gobiernos deben invertir en campañas de concienciación que eliminen estigmas y promuevan la aceptación social. Además, es necesario que se creen espacios accesibles en ciudades y servicios públicos que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos.

Este Día Mundial del Síndrome de Down debe ser más que una fecha conmemorativa; debe ser un llamado a la acción para los gobiernos. Mejorar los sistemas de soporte en educación, salud, empleo e inclusión social es un paso esencial para garantizar los derechos de las personas con síndrome de Down. Solo con políticas públicas efectivas y un compromiso real podremos construir una sociedad más justa y accesible para todos.

Un compromiso global: mejorar los sistemas de soporte

El tema de este Día Mundial del Síndrome de Down 2025 es un llamado a los gobiernos para mejorar los sistemas de soporte. Todos necesitamos apoyo en algún momento, y las personas con síndrome de Down requieren sistemas que les permitan vivir con dignidad e inclusión en la comunidad. También sus familias necesitan respaldo, ya que muchas veces son su principal fuente de apoyo.

Un buen sistema de soporte es un derecho humano clave que facilita el acceso a otros derechos. Sin embargo, en muchos países, estos sistemas son insuficientes o no respetan los derechos de las personas con discapacidad. Para cambiar esto, los gobiernos deben garantizar:

• Gobernanza: Leyes y políticas que diseñen, implementen y supervisen los sistemas de apoyo, basadas en los derechos humanos e incluyendo a las personas con discapacidad en su desarrollo.
• Información y datos: Para comprender las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus necesidades de apoyo.
• Protección social: Programas gubernamentales que cubran los costos adicionales asociados a la discapacidad, como tecnología asistiva, atención médica, transporte y vivienda accesible.
• Apoyo humano: Servicios de apoyo personal que promuevan la independencia, tanto desde redes familiares como profesionales.
• Tecnología asistiva: Herramientas y aplicaciones que ayuden en la comunicación y la autonomía.
• Accesibilidad en transporte y vivienda asequible: Factores clave para la plena participación en la sociedad.

Los sistemas de soporte son fundamentales para garantizar derechos esenciales como la educación (CRPD Artículo 24), la salud (CRPD Artículo 25), el empleo (CRPD Artículo 27) y la participación política (CRPD Artículo 29).

Este Día Mundial del Síndrome de Down debe ser más que una fecha conmemorativa; debe ser un llamado a la acción para los gobiernos. Solo con políticas públicas efectivas y un compromiso real podremos construir una sociedad más justa y accesible para todos.

El acceso a la información y la protección de datos personales son derechos fundamentales en cualquier democracia. Sin embargo, hoy en la Cámara de Diputados se discute una reforma que representa un grave retroceso: el gobierno federal pretende desmantelar la transparencia en México y poner el control de la información en manos del Ejecutivo.

Desde Acción Nacional, rechazamos esta reforma porque debilita la rendición de cuentas, incentiva la opacidad y deja a los ciudadanos indefensos ante el abuso del poder. No podemos permitir que el gobierno decida qué información se entrega y cuál se oculta.

¿Transparencia o control político?

Con esta iniciativa, las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasarían a un órgano subordinado al gobierno federal. Es decir, el Ejecutivo sería juez y parte en la transparencia. ¿Cómo podemos confiar en que un gobierno que teme a la rendición de cuentas no usará esto para encubrir sus errores y corruptelas?

Además, se fragmenta el sistema de transparencia, creando múltiples autoridades garantes sin un criterio único. Esto solo hará más difícil para los ciudadanos obtener información pública, aumentando la burocracia y abriendo más espacios a la discrecionalidad.

Protección de datos en riesgo

La reforma también afecta la privacidad de los ciudadanos. Ahora, cualquier persona que sufra el mal uso de sus datos personales tendrá que demostrar que el daño es real para que el gobierno actúe. Este cambio vulnera el principio de protección de datos y deja a las personas desprotegidas ante posibles abusos.

Opacidad disfrazada de transparencia

El gobierno tendrá más excusas para negar información con argumentos ambiguos como la "afectación a la paz social". Esto es un golpe directo al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad. Sin información, no hay democracia, solo un gobierno con más poder y menos control.

Desde Acción Nacional, nos oponemos firmemente a esta reforma. No podemos permitir que el sistema de transparencia se convierta en una herramienta de control político. La transparencia es un derecho de los ciudadanos, no un favor del gobierno.

Defenderemos instituciones autónomas y contrapesos reales. No vamos a permitir que la corrupción se esconda detrás de reformas disfrazadas de eficiencia. México merece un gobierno que rinda cuentas, no uno que oculte la verdad.

México vive una crisis de seguridad que no da tregua. La delincuencia organizada sigue creciendo, la violencia no cede y el gobierno federal ha fracasado en su estrategia para recuperar la paz. Hoy en la Cámara de Diputados discutimos la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una iniciativa que promete mejorar la coordinación entre niveles de gobierno, fortalecer las policías y hacer más eficiente el manejo de información en seguridad.

En Acción Nacional estamos convencidos de que México necesita una estrategia más efectiva contra la inseguridad, pero también sabemos que no podemos permitir que la lucha contra el crimen se convierta en una excusa para el abuso de poder, el espionaje masivo o la concentración de facultades en el gobierno federal.

Fortalecer la seguridad sin debilitar el federalismo

Uno de los puntos más preocupantes de esta iniciativa es que reduce la autonomía de estados y municipios en la toma de decisiones sobre seguridad. Desde el PAN hemos insistido en que la seguridad pública no puede depender únicamente del gobierno federal. Los estados y municipios son quienes enfrentan la crisis de inseguridad de primera mano, y no podemos quitarles herramientas para actuar.

Por eso, proponemos que todas las decisiones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pasen por la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública. No podemos permitir que se tomen decisiones de manera discrecional, sin consulta ni supervisión.

Privacidad en riesgo: no al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Otro punto alarmante es la intención de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que implicaría que el gobierno tenga acceso a los datos personales de millones de mexicanos. Esta propuesta ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por violar derechos humanos.

Desde Acción Nacional hemos propuesto una alternativa: que sean las empresas telefónicas y no el gobierno quienes resguarden los datos, garantizando la confidencialidad y un acceso controlado. No podemos permitir que Morena insista en un modelo que ya fracasó y que abre la puerta al abuso y la vigilancia masiva de ciudadanos inocentes.

Seguridad con transparencia, no con corrupción

Si realmente queremos fortalecer la seguridad, debemos garantizar que los recursos destinados a este rubro se manejen con total transparencia. Morena ha demostrado que el manejo discrecional de fondos solo genera corrupción e impunidad.

Por ello, respaldamos la propuesta de que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para fiscalizar los fondos de seguridad pública. Queremos que cada peso asignado se traduzca en mejor capacitación, equipamiento y condiciones para las policías, no en otro negocio de corrupción para el oficialismo.

Inteligencia para combatir al crimen, no para vigilar ciudadanos

También advertimos sobre el riesgo de otorgar facultades excesivas a los cuerpos de seguridad en tareas de investigación y detención de personas. El fortalecimiento de la seguridad no puede significar la vulneración del debido proceso ni de los derechos fundamentales.

Desde Acción Nacional votaremos a favor de esta ley porque México necesita un marco normativo más eficiente para combatir la delincuencia, pero exigimos controles claros. La seguridad no puede ser sinónimo de centralismo, espionaje ni opacidad.

Nuestro compromiso es claro: una seguridad fortalecida con estrategia, inteligencia y supervisión, sin abusos ni atropellos a las libertades ciudadanas.