Mientras miles de pacientes en México enfrentaban el desabasto de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adjudicó más de mil 100 millones de pesos en contratos sin licitación a dos empresas vinculadas al yerno de Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía y hoy gobernadora de Veracruz, según una investigación de Animal Político. Estos contratos se dieron con sobreprecios de hasta 885% y, en varios casos, sin evidencia de entrega completa de los productos.

Las compañías Ethomedical S.A. de C.V. y Abastecedora de Medicinas y Materiales S.A. de C.V., relacionadas con Aldo Díaz Pérez, exfuncionario de Segalmex y socio de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Nahle, fueron beneficiadas con 761 adjudicaciones directas entre 2020 y 2024 en al menos 20 estados del país.

Medicamentos hasta 800% más caros

Los sobreprecios fueron escandalosos. Por ejemplo:

• Bleomicina, un fármaco contra el cáncer, fue vendido a 3,200 pesos por unidad en Baja California en 2021. El Instituto Nacional de Pediatría lo compró en 329 pesos.
• En Morelos, la Sitagliptina, medicamento para diabetes, se adquirió en 850 pesos por pieza, cuando en la compra consolidada su precio fue de 118 pesos. Incluso en farmacias comerciales se consigue en 330 pesos.
• Guanajuato pagó 12 millones de pesos por Enoxaparina, pero sólo recibió 10 mil de las 17 mil unidades solicitadas.
• En Sinaloa, se compraron 1,260 piezas de Carboplatino sin que exista evidencia de su recepción.

Beneficio multimillonario para red ligada a Nahle

Ethomedical era una empresa prácticamente desconocida antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su “bonanza” inició en 2020, cuando María Teresa Muñoz Caraveo, esposa de Aldo Díaz Pérez, compró acciones. Ese mismo año, la compañía comenzó a recibir contratos que sumaron mil 134 millones de pesos en solo dos años.

Una vez sancionada por la Cofepris como proveedor irregular, el negocio fue continuado por otra empresa de la red familiar: Abastecedora de Medicinas y Materiales, en la que participan los hijos de Díaz Pérez. Solo en 2023 y 2024, esta nueva empresa obtuvo 63 millones de pesos en contratos.

Mientras estas empresas hacían negocios millonarios, pacientes como Sara Montenegro, extrabajadora del IMSS y diagnosticada con cáncer, tuvieron que hipotecar su casa para pagar sus tratamientos ante el desabasto en clínicas públicas.

Sara no es un caso aislado. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en 2022 el gasto de las familias en medicamentos aumentó 39% respecto a 2018. En los hogares más pobres, el gasto se duplicó.

El mecanismo del sobreprecio

La investigación realizada por Animal Político revela que al analizar un tercio de los contratos de Ethomedical se detectó un sobreprecio global de 79%. Al aplicar ese margen a los mil 134 millones de pesos adjudicados, se estima que el IMSS pagó 500 millones de pesos “de más”.

Una segunda revisión, comparando los precios con los de otros proveedores, arrojó un sobrecosto de 438 millones de pesos.

Por ejemplo:

• El ácido acetilsalicílico (aspirina) fue vendido hasta en 41 pesos por caja, cuando su precio en compra consolidada fue de 7.85 pesos.
• La Sitagliptina Metformina fue vendida a 2,190 pesos por caja, 873% más cara que su precio promedio.

Incluso hubo compras fraccionadas en un mismo día, como ocurrió en el Estado de México-Oriente, donde se hicieron siete contratos consecutivos por montos menores para simular adquisiciones pequeñas que, en conjunto, sumaron más de 4.5 millones de pesos.

Proveedor irregular con almacén fantasma

En 2022, la Cofepris calificó a Ethomedical como “distribuidor irregular”, tras detectar que su almacén no existía, tenía fauna nociva, sin infraestructura adecuada y sin sistema de inventario.

Pese a estas irregularidades, Ethomedical y su red continuaron siendo contratadas incluso por Birmex, la empresa estatal encargada de distribuir medicamentos.

El fracaso del nuevo modelo de compras de AMLO

Durante el sexenio de López Obrador, su gobierno intentó en cinco ocasiones reformar el sistema de compras de medicamentos. Todas fracasaron. En lugar de generar ahorros, el gasto aumentó. De 61 mil millones de pesos en 2018, se pasó a 79 mil millones en 2024, un incremento del 29%.

Y no solo se gastó más: se compraron menos medicinas. El resultado fue que el gobierno dejara de surtir más de 15 millones de recetas, cinco veces más que en el sexenio anterior.

Mientras el gobierno federal presumía austeridad, una red vinculada al círculo familiar de Rocío Nahle se enriquecía vendiendo medicinas más caras, muchas veces sin entregarlas. El caso de Ethomedical expone una de las redes de corrupción más graves del sexenio de López Obrador, con consecuencias directas en la salud y la vida de millones de mexicanos.

Fuente: https://animalpolitico.com/salud/imss-contratos-medicamentos-rocio-nahle-yerno

La presencia del gusano barrenador en la región representa un riesgo sanitario y económico para la ganadería mexicana. Las exportaciones podrían verse afectadas si no se logra una respuesta coordinada entre México y Estados Unidos.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué es tan peligroso?

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) es una plaga que afecta a los mamíferos al depositar sus larvas en heridas, alimentándose del tejido vivo. Aunque había sido erradicado del país desde hace más de 30 años, su reaparición en países de Centroamérica, como Costa Rica y Nicaragua, ha encendido alertas en México debido a su cercanía con la frontera sur.

Estados Unidos en alerta... y México, poniendo trabas

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) alertó recientemente sobre posibles restricciones a la importación de ganado mexicano a partir de mayo si no se agilizan las acciones para combatir la plaga. En particular, se han señalado dificultades operativas para la empresa Dynamic Aviation, contratada para realizar vuelos de dispersión aérea de moscas estériles, un método eficaz para controlar la población del gusano barrenador.

Entre los desafíos reportados se encuentran permisos de vuelo limitados, restricciones operativas semanales y la aplicación de impuestos a insumos críticos, como piezas de aviones y envíos de insectos estériles. El USDA ha solicitado mayor coordinación y facilidades por parte de las autoridades mexicanas para asegurar la continuidad de estas acciones.

Guillermo Anaya: el primero en tomar acción ante el riesgo sanitario

Desde enero de 2025, el diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, del Partido Acción Nacional, propuso una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a coordinarse con las instituciones involucradas en la prevención, diagnóstico y control del gusano barrenador del ganado.

En su iniciativa, Anaya destacó la importancia de colaborar con los gobiernos estatales, asociaciones ganaderas y expertos veterinarios, así como establecer mecanismos bilaterales con Estados Unidos para facilitar el combate conjunto de la plaga. La propuesta subraya que esta coordinación es esencial para evitar afectaciones al sector pecuario y a las exportaciones.

El legislador también hizo énfasis en el fortalecimiento de las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y la necesidad de apoyo técnico, logístico y administrativo por parte de todos los niveles de gobierno y actores productivos.

Propuestas adicionales y llamado al diálogo

Además del planteamiento de Anaya, otros actores políticos, como el diputado Jericó Abramo del PRI, han propuesto la instalación de mesas de trabajo entre diversas dependencias federales y autoridades estadounidenses. El objetivo común es agilizar trámites de aviación y aduanas, y garantizar que los métodos de control como la liberación de moscas estériles no se vean interrumpidos.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha informado que ya respondió a la carta enviada por su homóloga estadounidense, reafirmando la disposición al diálogo y la cooperación bilateral.

La situación actual del gusano barrenador plantea una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y mejorar los mecanismos nacionales de sanidad agropecuaria. Legisladores como Guillermo Anaya han puesto sobre la mesa propuestas concretas para mitigar el riesgo y proteger la economía ganadera del país. La atención conjunta de las autoridades involucradas será clave para evitar afectaciones mayores en el corto y mediano plazo.

Desde el Grupo Parlamentario del PAN alzamos la voz con firmeza: el Gobierno Federal y la bancada de Morena están impulsando una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que amenaza directamente la libertad de expresión en México. Esta iniciativa, que se pretende aprobar sin abrir el diálogo a medios, expertos o ciudadanía, busca otorgar al Ejecutivo el poder de decidir qué se puede ver, decir o compartir en plataformas digitales y medios tradicionales.

¿Qué implica esta ley de censura?

Se trata de una reforma diseñada para que el gobierno pueda censurar redes sociales, cerrar medios digitales y condicionar la operación de plataformas en función de su contenido. Es decir, si al gobierno no le gusta lo que se dice, puede simplemente apagar la señal.

Nos preocupa que se quiera legislar sin la participación de universidades, medios, expertos en libertad de expresión o defensores de derechos digitales. La intención de Morena es clara: construir un aparato de control sobre lo que los mexicanos pueden consumir, leer, opinar o denunciar.

Desde el PAN, ¿qué proponemos?

Rechazamos frontalmente cualquier intento de censura. Vamos a votar en contra de esta ley y promoveremos una agenda legislativa que fortalezca la libertad de prensa, los derechos digitales y la neutralidad de la red. Defendemos el derecho de cada ciudadano a informarse libremente, sin intervención del Estado.

Esta ley también pone en riesgo la inversión tecnológica en el país. Nadie quiere invertir en una nación donde el gobierno puede silenciar a una empresa o medio por decisión política. México necesita más apertura, más transparencia, más libertad, no más control.

Esta reforma no es una mejora, es un retroceso. Es un ataque disfrazado de regulación, y su aprobación sentaría un peligroso precedente autoritario. Desde el PAN, lucharemos por mantener abiertas las voces de México, y hacemos un llamado a todas y todos los ciudadanos, a los medios de comunicación y a la sociedad civil: no permitamos que el gobierno decida por nosotros. La libertad no se negocia.

Este miércoles 23 de abril, la Cámara de Diputados discute un tema crucial para la seguridad nacional: la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El dictamen busca fortalecer el registro, control y sanción en torno a la posesión, portación, comercialización y fabricación de armas y explosivos. Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) acompañará la propuesta, ha dejado clara su posición: sin control fronterizo ni una estrategia integral, esta reforma será insuficiente.

El problema no está solo en la ley, sino en nuestras fronteras

En México, más del 70% de las armas utilizadas en delitos provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Endurecer el marco legal interno es necesario, sí, pero ignorar la porosidad de nuestras fronteras es seguir permitiendo la entrada libre de armas ilegales.

Desde el PAN se ha señalado que no basta con modificar la legislación si no se acompaña de inteligencia, cooperación internacional y control aduanero eficaz. ¿De qué sirve un registro interno si las armas siguen entrando como si nada?

Militarización sin controles: un riesgo real

Un punto alarmante de la reforma es la concentración del poder en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin contrapesos claros. La participación de instituciones civiles y la rendición de cuentas son esenciales para evitar excesos o arbitrariedades. El equilibrio democrático está en juego.

El PAN ha dejado claro que no permitirá que esta ley se convierta en una herramienta de discriminación, exclusión o discrecionalidad, especialmente en comunidades ejidales o indígenas, donde los abusos podrían profundizarse si no hay transparencia.

¿Qué exige el PAN?

• Una base nacional de datos de armas conectada y auditada por organismos autónomos.
• Certificaciones justas, auditables y sin corrupción.
• Control real del tráfico de armas en las fronteras.
• Coordinación binacional con EE.UU. para frenar el contrabando.
• Participación civil en los procesos de vigilancia y fiscalización.

Paz con justicia, no con simulación

México necesita una respuesta firme ante el caos provocado por el tráfico de armas. Desde el PAN se votará a favor del dictamen, pero no se dejará de exigir que la seguridad sea un compromiso real, no un discurso vacío.

La verdadera paz no se logra con decretos o reformas de papel, sino enfrentando de raíz los problemas: quienes usan armas ilegalmente y quienes, desde el poder, permiten que sigan entrando impunemente al país.

La reciente prohibición de los corridos tumbados ha generado un intenso debate en redes sociales que revela la profunda división de opiniones en la sociedad mexicana. Un análisis de más de 117 mil comentarios realizado por agencia DINAMIC, líder en estadística digital, expone con claridad las emociones, argumentos y críticas que ha detonado esta medida.

Primero que nada, ¿qué opinan los mexicanos sobre la prohibición de los corridos tumbados?

De acuerdo con el estudio, casi la mitad de los usuarios rechaza la prohibición, señalándola como inútil, hipócrita y hasta peligrosa. Argumentan que se trata de una medida populista, incapaz de resolver el verdadero problema: la violencia y la inseguridad. Frases como “mejor capturen narcos” o “es una tontería” dominaron esta narrativa, junto con críticas a la doble moral del gobierno de MORENA y el temor a reacciones violentas tras la censura.

Por otro lado, un 27.8% aplaude la decisión. Quienes la apoyan la ven como un primer paso hacia una mejor sociedad, un esfuerzo por proteger a la juventud de la apología del crimen y fortalecer valores. Comentarios como “es un buen inicio”, “mejorar la convivencia” y “cuidar a los niños” reflejan este sentir.

¿Qué hay detrás de esta medida?

El estudio destaca cómo el debate se ha polarizado. Mientras unos ven en la censura una amenaza a la libertad de expresión, otros la celebran como una herramienta para combatir la normalización de la violencia. La controversia incluso se ha politizado, con menciones frecuentes a figuras como Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, la Guardia Nacional y hasta la Feria de Texcoco, que encendió aún más el debate.

¿Censura o distracción?

En un país azotado por la violencia, ¿prohibir una expresión artística puede tener efectos reales o solo es una cortina de humo? La conversación digital revela que la ciudadanía no es ingenua: exige soluciones reales, no simbolismos vacíos.

La violencia en México no se erradica con discursos moralistas ni con prohibiciones simbólicas. Durante años, el país ha enfrentado una crisis de inseguridad que ha cobrado la vida de miles de personas inocentes y ha dejado comunidades enteras a merced del crimen organizado.

El narcotráfico opera con impunidad, las autoridades fallan sistemáticamente en garantizar justicia, y la corrupción sigue siendo una constante que contamina instituciones clave.

En este contexto, intentar silenciar los corridos tumbados como si fueran el origen del problema no solo es simplista, sino también irresponsable. El verdadero desafío está en reconstruir el tejido social, profesionalizar a las policías, erradicar la complicidad del poder con los criminales y ofrecer oportunidades reales a las nuevas generaciones. Mientras el gobierno federal siga enfocando sus esfuerzos en medidas mediáticas para aparentar que actúa, la violencia seguirá siendo el pan de cada día en muchas regiones del país. México necesita soluciones de fondo, no simulaciones.

A lo largo de mi trayectoria como legislador, me he propuesto no quedarme en la superficie de los problemas que enfrenta México. No vine al Congreso para repetir discursos, sino para presentar soluciones. Por eso, he trabajado en iniciativas que, aunque no siempre ocupan titulares, buscan transformar realidades profundamente dolorosas.

Aquí te comparto seis propuestas que impulsé desde la Cámara de Diputados y que tal vez no conocías, pero que nacen de una convicción muy clara: legislar con el corazón y con compromiso.

1. Poner fin al matrimonio infantil forzado

En pleno siglo XXI, niñas en México siguen siendo obligadas a casarse, muchas veces bajo el amparo de los llamados "usos y costumbres". Esta práctica, lejos de ser cultural, es una violación directa a los derechos humanos. Por eso, propuse una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prohíbe de forma contundente estas uniones y obliga a las instituciones a actuar con perspectiva de género y atención especial a contextos de pobreza y marginación. No se trata sólo de leyes, se trata de vidas. De niñas que merecen soñar, estudiar, jugar… no ser vendidas ni explotadas.

2. Reconocer y acompañar a las Madres Buscadoras

He tenido la oportunidad de escuchar a madres que, con una pala en la mano y el corazón roto, buscan a sus hijos desaparecidos. Lo hacen sin apoyo del gobierno, sin seguridad, sin descanso. Lo hacen porque no tienen otra opción. Por ellas presenté la iniciativa para declarar 2026 como “Año de las Madres Buscadoras”, no como un gesto simbólico, sino como un llamado a dignificar su lucha, exigir resultados y generar políticas reales de búsqueda. No puede ser que en este país, una madre tenga que buscar con sus uñas lo que el Estado debería encontrar con todos sus recursos.

3. Salud mental obligatoria en centros de asistencia

Muchos niños y adolescentes en situación de abandono o violencia terminan en centros de asistencia social. Pero ¿qué pasa con su salud emocional? ¿Con sus heridas invisibles? Reformé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que la atención médica incluya, de manera obligatoria, servicios de salud mental. La infancia no puede seguir siendo ignorada. Invertir en el bienestar psicológico de nuestros niños y niñas es prevenir futuras tragedias y construir una sociedad más empática, más fuerte y más justa.

4. Penalizar el reclutamiento forzado de menores

Mientras el país debate sobre estrategias de seguridad, hay un crimen silencioso que nos está destrozando como sociedad: el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado. Reformé el Código Penal Federal para incluir esta práctica como una forma de corrupción de menores. No podemos seguir viendo cómo niños y adolescentes son utilizados como soldados, halcones o sicarios, mientras el Estado mira hacia otro lado. Debemos protegerlos no sólo como víctimas, sino como lo que son: nuestra esperanza.

5. Armonizar el calendario fiscal con la nueva fecha de cambio de gobierno

Puede parecer un detalle técnico, pero créeme, tiene implicaciones enormes para quienes interactúan con el sistema fiscal y administrativo del país. Desde que el cambio de poder presidencial se movió al 1º de octubre, era urgente ajustar también el calendario de días inhábiles en materia fiscal y administrativa. Con esta iniciativa se elimina la confusión y se otorga seguridad jurídica a miles de contribuyentes, abogados, empresas y dependencias. Hacer leyes también es cuidar los detalles que dan certeza.

6. Estímulo fiscal del 30% para empresas afectadas por aranceles

Las pequeñas y medianas empresas están luchando por sobrevivir ante una crisis económica global y las nuevas barreras comerciales impuestas por Estados Unidos. Para muchas de ellas, los aranceles son una sentencia de muerte. Propuse una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal del 30% a las empresas afectadas por estos aranceles. ¿La intención? Darles un respiro, evitar despidos y fomentar la reactivación económica. Apoyar al sector productivo no es un lujo, es una necesidad nacional.

Estas seis iniciativas son solo una parte del trabajo que estamos impulsando desde el Congreso. Son propuestas que no se quedan en el papel: buscan incidir en la vida cotidiana, en los dolores que muchas veces no se ven, pero se sienten profundamente en miles de hogares mexicanos.

Sé que cambiar la realidad no es sencillo, pero también sé que vale la pena intentarlo. Porque legislar no debe ser un ejercicio de escritorio, sino una herramienta para servir. Para proteger. Para abrir caminos donde antes solo había muros.

Si algo de lo que acabas de leer te hizo reflexionar, te invito a compartirlo. A hablar de estos temas. A exigir que se discutan. A acompañar estas causas.

Porque construir un mejor país no es tarea de uno solo, es un esfuerzo colectivo.

Sigamos adelante. Lo que viene puede ser mejor, si lo hacemos juntos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 es una copia mal disfrazada del pasado, sin visión, sin autocrítica y sin soluciones reales para México. Este jueves 10 de abril, la Cámara de Diputados discutiremos el documento que debería trazar el rumbo del país para los próximos seis años. Pero lo que Morena presentó no es un verdadero plan de gobierno, sino una simulación política para justificar el “Segundo Piso” de la mal llamada Cuarta Transformación.

Desde Acción Nacional lo decimos claro y firme: vamos a votar en contra de este documento, porque no es un plan de desarrollo, es propaganda disfrazada de política pública.

¿Por qué rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo?

🔍 No hay autocrítica, ni diagnósticos reales. Se repiten frases vacías como “primero los pobres”, pero sin estrategias claras, sin metas ni indicadores que permitan evaluar resultados.

🚑 Ignora los verdaderos problemas del país. No hay solución para la crisis en salud, ni una sola mención al fracaso de IMSS-Bienestar ni a la desaparición del Seguro Popular.

📚 En educación, más discurso que estrategia. La “Nueva Escuela Mexicana” sigue sin rumbo, sin objetivos y sin propuesta para mejorar el aprendizaje.

💼 Cero propuestas económicas serias. No hay medidas para generar empleo formal, atraer inversión ni elevar la productividad. Solo se repite el término “economía moral” sin sustento.

🔫 Persisten en una estrategia militar que ha fracasado. Se mantiene a la Guardia Nacional como columna vertebral de la seguridad pública, mientras los feminicidios, las desapariciones y la violencia siguen aumentando.

🌍 Sin política ambiental, ni visión ante el cambio climático. El plan conserva el modelo extractivista y sigue apostando por Pemex y CFE, dos empresas quebradas que ya no son viables.

📉 No hay transparencia, ni planeación democrática. La desaparición del INAI y la concentración del poder hacen imposible cualquier evaluación real. El propio gobierno será juez y parte.

Lo que Morena presentó no es un plan.

Es una receta para seguir improvisando, centralizando el poder y justificando fracasos.

Desde el PAN exigimos un verdadero plan de gobierno, no un documento cargado de ideología que ignora la crisis que viven millones de mexicanos. El país necesita rumbo, estrategia y responsabilidad, no más propaganda.

Porque México no puede vivir otros seis años sin resultados.

Porque el futuro del país no se puede construir con ocurrencias.
Porque Morena no planea, improvisa. Y el PAN sí tiene la visión y el carácter para corregir el rumbo.

👉 #NoAlPNDDeMorena #MéxicoMereceMás

Mientras el gobierno federal guarda silencio ante las amenazas de Trump, en Acción Nacional no nos quedamos de brazos cruzados. Como diputado, como mexicano y como integrante de un partido que sí da resultados, estoy presentando junto a mis compañeras y compañeros del PAN un paquete de iniciativas reales y urgentes para proteger el empleo, la industria automotriz y la economía nacional.

Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha vuelto a usar los aranceles como herramienta de presión política, afectando sectores clave como el acero, el aluminio y, de manera directa, al sector automotriz mexicano.

¿Y qué hace el gobierno de Morena? Nada. Esperar. Callar. Cruzarse de brazos.

Pero nosotros en el PAN tenemos una ruta clara y propuestas concretas. Con el #RescateAutomotrizPAN estamos actuando para evitar que esta crisis se lleve consigo millones de empleos y el motor económico más importante del país.

Esto es lo que proponemos con #RescateAutomotriz en Acción Nacional:

🚗 Eliminar temporalmente el ISAN cuando los aranceles superen el 10%, para incentivar el mercado interno y proteger nuestra cadena de valor automotriz.

🏭 Expedir una Ley General de Fomento y Protección a la Industria Automotriz, que incluya un Mecanismo de Compensación ante cambios arancelarios, y que blinde a la industria frente a prácticas desleales.

🚀 Crear el Instituto Nacional para el Fomento al Emprendimiento, con recursos públicos, privados e internacionales, para impulsar proyectos estratégicos que reactiven la economía.

🛡️ Establecer un Seguro de Desempleo como derecho constitucional, para proteger a quienes pierdan su empleo a causa de esta crisis.

💸 Impulsar medidas de control inflacionario y un Fondo de Contingencia para evitar que los precios de productos clave se disparen y lastimen aún más a las familias mexicanas.

¿Por qué es urgente?

Porque el sector automotriz representa más del 4% del PIB nacional, más del 20% del PIB manufacturero, y genera más de 900 mil empleos directos. Cada día que pasa sin respuestas, miles de familias se acercan al riesgo del desempleo.

Mientras en Palacio Nacional celebran bailes y aplausos, nosotros trabajamos por soluciones. El PAN no improvisa, el PAN propone. Porque no se trata solo de política exterior, se trata del futuro de millones de mexicanos.

Yo no estoy aquí para quedarme callado. Estoy aquí para actuar, para defender lo que este gobierno ha dejado desprotegido.

Porque cuando Trump amenaza, en el PAN respondemos con propuestas

Porque mientras el gobierno se esconde, en el PAN damos la cara.
Porque México sí puede defenderse con visión, carácter y resultados.

👉 #RescateAutomotrizPAN: la propuesta que Morena no tiene, y que México necesita con urgencia.

México vive una de sus etapas más oscuras en materia de derechos humanos, marcada por la violencia imparable y las desapariciones forzadas. En medio de este drama nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno federal, emanado de MORENA, han optado por una estrategia de indiferencia, evasión y silencios cómplices.

Recientemente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU encendió una alarma que debería cimbrar al Estado mexicano: México es hoy el país con más acciones urgentes registradas por desapariciones forzadas en el mundo. No se trata de una estadística más, sino de una evidencia brutal de que miles de familias mexicanas están siendo ignoradas por un gobierno que se dice "del pueblo", pero que se niega a escuchar el clamor de quienes buscan a sus seres queridos.

Lejos de reconocer la magnitud del problema, el gobierno de MORENA ha emprendido una sistemática negación de la realidad. No olvidemos que fue en esta administración cuando se intentó desaparecer —de manera cobarde y burocrática— el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, minimizando las cifras como si los nombres de las víctimas pudieran borrarse con un simple ajuste administrativo.

Esta actitud no es solo irresponsable: es inhumana.

Mientras las madres buscadoras recorren desiertos, brechas y basureros con palas y picos, arriesgando su vida para encontrar restos humanos, el gobierno federal prefiere invertir tiempo en propaganda, giras presidenciales y distractores políticos. La presidenta Sheinbaum ha heredado no solo la retórica hueca de su antecesor, sino también su desdén por los derechos humanos, su desprecio por las víctimas y su afán de maquillar cifras.

Desde Acción Nacional hemos alzado la voz una y otra vez para exigir justicia, verdad y dignidad para las víctimas. No permitiremos que esta tragedia se normalice ni que el gobierno se lave las manos mientras miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos con la única ayuda de su esperanza y su dolor.

Es momento de que el Estado mexicano —y en particular su cabeza— reconozca su responsabilidad. Porque cuando un gobierno cierra los ojos ante la tragedia, se convierte en cómplice de ella.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de AMLO habría dejado sin declarar un total de 554 mil 750 millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la importación de gasolinas, según cifras oficiales comparadas entre Estados Unidos y México.

Una revisión cruzada entre los datos de la U.S. Energy Information Administration (EIA) y el Sistema Electrónico de Aduanas de México (ANAM) revela una diferencia alarmante de más de 120 mil millones de litros de gasolina que no fueron reportados oficialmente por el gobierno mexicano entre 2019 y 2024. Cada litro no declarado representa una evasión del IEPS, un impuesto que debería haberse cobrado al ingresar el combustible al país.

Año por año, la omisión creció sin freno

A continuación, el cálculo aproximado de la omisión fiscal por año:

• 2019: $76,609 millones de pesos
• 2020: $68,391 millones de pesos
• 2021: $86,944 millones de pesos
• 2022: $105,998 millones de pesos
• 2023: $112,582 millones de pesos
• 2024: $104,224 millones de pesos

Estas cifras no son estimaciones arbitrarias, sino cálculos basados en la cuota fija anual del IEPS para gasolina con más de 91 octanos, establecida por la ley. El total suma más de medio billón de pesos que nunca ingresaron a las arcas públicas.

¿Omisión o encubrimiento?

La discrepancia no es menor. Por ejemplo, en marzo de 2023, Estados Unidos reportó haber exportado 2,655 millones de litros de gasolina a México, pero las autoridades mexicanas sólo reconocieron la entrada de 721 millones, dejando fuera más de 1,900 millones de litros, equivalentes a más de $9,800 millones de pesos en IEPS no cobrados.

Y así, mes tras mes, año tras año. El patrón se repite. La gasolina entra, pero no se declara.

El gran ausente: la rendición de cuentas

La pregunta obligada es: ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Por qué el gobierno de AMLO no reportó estos volúmenes? ¿Se trata de contrabando tolerado? ¿De subregistro deliberado? ¿De corrupción institucional?

Más aún, ¿cómo puede un gobierno que presume de austeridad y combate a la corrupción permitir una pérdida fiscal de este tamaño sin consecuencias?

La omisión del IEPS no solo implica un golpe brutal a las finanzas públicas, sino que además afecta directamente a los estados, quienes reciben una parte de estos ingresos. El gobierno federal, en su intento por maquillar cifras o proteger intereses desconocidos, ha dejado de transferir recursos esenciales a las entidades federativas.

¿Es este el rostro real de la “honestidad valiente”? ¿Puede un gobierno autodenominado transformador permitirse este nivel de opacidad?

Aquí les dejo los datos duros.⬇️