Mejores capacitaciones y becas universales, no sólo para "ninis"; ajustes de Acción Nacional a reforma constitucional

Siendo un grupo plural y que considera el bienestar de todos, el Grupo Parlamentario del PAN (Acción Nacional) expresó su respaldo a la iniciativa que el pasado 25 de septiembre se incorporó a la Constitución para establecer un programa de becas dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Aunque el grupo apoyó la propuesta, consideran que es necesario realizar ajustes para asegurar que realmente beneficie a todos los jóvenes y responda a los retos del mercado laboral como hacer las becas universales, mejorar las capacitaciones y ofrecer oportunidades laborales reales.

Acción Nacional a favor de la iniciativa, pero con reservas

Acción Nacional se pronuncia a favor de la propuesta, ya que busca institucionalizar una política pública que garantice el apoyo económico como un derecho constitucional. Sin embargo, el partido plantea que la implementación de la reforma necesita ser perfeccionada. El principal punto de reserva radica en la limitación del programa solo a jóvenes en situación de desempleo y fuera del sistema educativo, lo que podría dejar fuera a otros grupos que también requieren de apoyo.

Una de las principales sugerencias de Acción Nacional es que el programa de becas sea universal, es decir, que esté disponible para todos los jóvenes, independientemente de su situación laboral o educativa. Además, insisten en que se priorice a aquellos en situación de vulnerabilidad, garantizando un acceso equitativo a los recursos y oportunidades que promueve el programa.

Además, capacitación de calidad y oportunidades laborales reales

Para el PAN, la capacitación es un aspecto esencial del programa, y por ello proponen que las becas permitan a los jóvenes formarse en unidades económicas de alta productividad y contenido tecnológico. Esto no solo mejoraría la calidad de la formación, sino que aumentaría las oportunidades laborales de los beneficiarios en el futuro, contribuyendo a su desarrollo integral.

Acción Nacional señala que, aunque el apoyo económico es importante, este no puede ser la única respuesta a las necesidades de la juventud. Proponen que se fomente la generación de empleo y se faciliten mecanismos para que los jóvenes terminen sus estudios, ya que ambos factores son claves para reducir la precariedad laboral que afecta a este sector de la población.

El compromiso de Acción Nacional
El partido ha destacado que, a pesar de sus diferencias con otras propuestas políticas, siempre analizarán las iniciativas de manera responsable. Si consideran que una propuesta, como la reforma de becas, es beneficiosa para México, trabajarán para que sea aprobada y perfeccionada, mostrando su compromiso con el bienestar de las y los jóvenes.

Acción Nacional ve con buenos ojos la iniciativa de becas para jóvenes, pero subraya la importancia de ajustar el modelo para asegurar su eficacia. Proponen un enfoque más inclusivo y sostenible, donde la capacitación laboral y la creación de empleo vayan de la mano. En resumen, apoyarán cualquier medida que impulse el desarrollo integral de las nuevas generaciones, garantizando su futuro en un mercado laboral competitivo y en constante evolución.

Tortura, detención arbitraria y desapariciones son los riesgos por reforma a la GN según la ONU

Expertos y expertas de la ONU han manifestado su preocupación ante la reciente propuesta de trasladar el control de la Guardia Nacional de México a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que podría incrementar los riesgos de violaciones a los derechos humanos. Entre los abusos señalados se encuentran la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

El 19 de septiembre, MORENA aprobó la reforma constitucional que adhiere a la Guardia Nacional a la Sedena, la cual, así mismo fue votada y aprobada recientemente en el Senado. Los especialistas de la ONU advierten que esta medida asignaría de manera permanente a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública, lo que podría aumentar los casos de desapariciones forzadas y la impunidad en el país.

Aumento del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública

Desde hace varios años, los expertos y expertas de la ONU han señalado que México ha incrementado el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. A través de políticas públicas y reformas legislativas, el país ha dado mayor poder a las fuerzas militares en situaciones que, según recomendaciones internacionales, deberían estar en manos de fuerzas de seguridad civiles.

Aunque reconocen los desafíos en materia de seguridad que enfrenta México, los y las expertas instan a que las medidas adoptadas respeten las obligaciones internacionales en derechos humanos. Subrayan que funcionarios de las Fuerzas Armadas han sido señalados por presuntas violaciones a estos derechos, y hacen un llamado a investigar estas acusaciones para que los responsables enfrenten la justicia.

Riesgos de jurisdicción militar y participación en investigaciones criminales

La reforma propuesta sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar, lo que contraviene recomendaciones internacionales emitidas por organismos de la ONU desde 1999. Estas recomendaciones señalan que las funciones de seguridad pública deben estar a cargo de cuerpos civiles y que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, complementaria y supervisada por la autoridad civil.

Además, la reforma ampliaría las competencias de la Guardia Nacional en investigaciones criminales, lo que eleva la preocupación sobre posibles abusos y la falta de mecanismos de rendición de cuentas efectivos.

Llamado a un diálogo reflexivo y cooperación internacional

Los expertos y expertas también destacan la importancia de generar un diálogo nacional que permita reflexionar sobre el plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Esto debe ir acompañado del fortalecimiento de la Guardia Nacional desde un paradigma de seguridad ciudadana y mecanismos de supervisión que garanticen su eficacia.

La ONU ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas y brindar asistencia técnica con el fin de asegurar el respeto a los derechos humanos y garantizar que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado conforme al derecho internacional.

¿Por qué el 1 de octubre es descanso obligatorio en México?

Muchas personas se están preguntando por qué habrá descanso el 1 de octubre en México, siendo la primera vez en la historia que se realiza. Esto, debido a la aprobación de una reforma constitucional a la Ley del Trabajo que comenzó en 2014, pero que fue retomada en el Senado y aprobada en septiembre 2024. Por ello hasta ahora se llevará a cabo este primer día de descanso obligatorio.

Así avaló el Senado de la república una reforma constitucional del 2014

El Senado de la República aprobó por unanimidad con 117 votos a favor, que el 1 de octubre de cada seis años se convierta en un día de descanso obligatorio en México, en coincidencia con el cambio del Ejecutivo Federal. Esta reforma actualiza la fracción VII del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), respondiendo a la modificación constitucional de 2014 que cambió la toma de protesta del Presidente de la República del 1 de diciembre al 1 de octubre.

El senador Alfonso Cepeda Salas recordó que hasta 2018, la ceremonia de transmisión del poder ejecutivo se realizaba el 1 de diciembre, pero la reforma constitucional de 2014 adelantó esta fecha. Con esta nueva actualización legal, se busca armonizar la Ley Federal del Trabajo con dicha reforma, asegurando que el 1 de octubre quede establecido como día feriado para conmemorar el cambio de mando presidencial.

Con esta reforma, México actualiza su marco legal, alineando el derecho al descanso obligatorio con la histórica fecha de la toma de protesta del nuevo mandatario, fortaleciendo los derechos laborales y celebrando un acto cívico de relevancia nacional.

Esta fue la aprobación del 1o de octubre en la Cámara de Diputados

Por su parte, el pasado 24 de septiembre 2024 fue puesta a consideración del congreso mexicano la reforma a la fracción VII del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el 1º de octubre de cada seis años como día de descanso obligatorio con motivo de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en lugar del 1º de diciembre.

Con 398 votos a favor, la reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo estableció que el 1 de octubre será un día de descanso obligatorio cada seis años, coincidiendo con la toma de protesta del Ejecutivo Federal. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), según lo indica el artículo transitorio.

Este documento fue canalizado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y se consideró de urgente resolución, discutiéndose y votándose de inmediato conforme a los artículos 59 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con esta actualización, se corrige la desarmonización de la ley que anteriormente señalaba el 1 de diciembre como día de descanso obligatorio, adaptándose a la nueva fecha en que ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo.

¿Qué pasa, según la LFT, si se trabaja este día?

Si el 1 de octubre, ahora considerado como día feriado, un trabajador presta sus servicios, tendrá derecho a recibir su salario diario más el doble, lo que significa un pago triple por ese día.

La Ley Federal del Trabajo establece que los empleados no están obligados a trabajar en sus días de descanso. Si un empleador requiere sus servicios, deberá pagar el doble del salario habitual, además del pago por el día de descanso. Además, la ley contempla sanciones que van desde 5,187 hasta 518,700 pesos para los empleadores que no cumplan con los pagos correspondientes en los días de descanso.

Manolo Jiménez: el gobernador mejor evaluado en México y garante de la seguridad en Coahuila

Con una gestión que ha dado prioridad a la seguridad, salud y empleo, Manolo Jiménez Salinas ha logrado posicionarse como el gobernador más aprobado del país, y ha consolidado a Coahuila como un estado seguro, confiable y con grandes expectativas de crecimiento para sus habitantes.

Según el más reciente estudio de Massive Caller, con un 67.9% de aprobación, Jiménez lidera el ranking nacional, superando a otros gobernadores, como Diego Sinhué Rodríguez Vallejo de Guanajuato. Esta calificación refleja la confianza que los ciudadanos han depositado en su gestión, especialmente por su enfoque en áreas prioritarias como la seguridad, salud y empleo.

Uno de los pilares de su administración ha sido mejorar la percepción de seguridad en Coahuila. En este rubro, el gobernador se encuentra en la segunda posición a nivel nacional, con un índice de percepción de inseguridad de solo el 20.8%, situándose apenas detrás de Yucatán. Esta posición es fruto de una estrategia integral que ha incluido la inversión de más de 700 millones de pesos en seguridad, destinando recursos a la adquisición de patrullas, equipamiento y la construcción de cuarteles tanto para la Policía Estatal como para el Ejército Mexicano. Además, las acciones coordinadas con las fuerzas federales han reforzado la vigilancia en todo el estado, ofreciendo tranquilidad a las familias coahuilenses.

En materia de confianza, Jiménez también se ha destacado, ocupando el cuarto lugar nacional con un 54.9%, lo que demuestra la consistencia de su gobierno en generar certidumbre entre los ciudadanos. Esto ha sido posible gracias a la implementación de su enfoque innovador de participación ciudadana, que permite a la sociedad involucrarse activamente en la toma de decisiones y en la supervisión del desempeño de los servidores públicos. Este modelo ha sido clave en sus primeros 100 días de gestión, donde ya ha impulsado 200 acciones sociales que están impactando directamente en la calidad de vida de los coahuilenses.

Además de su trabajo en seguridad, el gobernador ha puesto en marcha un programa de salud popular, destinado a miles de personas que no cuentan con acceso a servicios de seguridad social. Este proyecto se integra en la estrategia “Mejora Coahuila”, una iniciativa que ha permitido a las dependencias del estado coordinar esfuerzos para llevar programas y obras sociales a las comunidades más necesitadas.

En el ámbito económico, Coahuila está aprovechando las oportunidades que ofrece el nearshoring, con la atracción de inversiones extranjeras que han impulsado la creación de empleos de calidad. El gobierno estatal ha facilitado las condiciones necesarias para que más empresas se establezcan en la región, garantizando un desarrollo económico sostenible y prometedor para el futuro.

Estado y municipio fortalecen estrategia para prevenir delitos de alto impacto en Torreón

El Estado de Coahuila, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha demostrado un firme compromiso con la seguridad pública, situando a la entidad como el tercer estados más seguro del país, el primero en todo el norte de México.

Esta labor no sería posible sin la cooperación estratégica entre el gobierno estatal y los municipios, como lo demuestra el reciente ajuste en la estructura del Grupo Reacción Torreón (GRT) por parte de la administración municipal encabezada por Román Alberto Cepeda González.

La decisión del alcalde de reforzar la autonomía de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), solicitando que los elementos comisionados de otras corporaciones regresen a sus unidades de origen o se incorporen plenamente como policías municipales responde a la necesidad de fortalecer el cuerpo policiaco local, asegurando que las acciones de seguridad se mantengan bajo el mando de personal comprometido exclusivamente con la administración municipal.

Este ajuste, lejos de ser un signo de distanciamiento entre los distintos órdenes de gobierno, pone en evidencia la coordinación efectiva que ha prevalecido entre el Estado y los municipios, una relación que el gobernador Manolo Jiménez ha promovido desde el inicio de su gestión. La autonomía municipal, como lo establece el artículo 115 de la Constitución, es un derecho que debe respetarse, pero esto no significa que las autoridades locales actúen de manera aislada.

Por el contrario, Torreón sigue siendo parte de una estrategia de seguridad más amplia, diseñada en colaboración con el Gobierno Estatal y otras corporaciones, con el objetivo de garantizar la protección de las familias.

Este ajuste también marca un precedente en la colaboración con el Gobierno del Estado, donde la administración de Manolo Jiménez Salinas ha jugado un rol crucial en proporcionar el respaldo necesario para la prevención de delitos de alto impacto, protegiendo así a los ciudadanos y fomentando un ambiente de paz y tranquilidad.

En definitiva, la seguridad de Torreón sigue siendo una prioridad para el gobierno municipal y estatal. Mientras que las áreas de proximidad, inteligencia y prevención no se verán afectadas, la incorporación de nuevos elementos fortalecerá aún más la capacidad operativa de la policía local, reflejando una estrategia de seguridad integral y cohesionada. Este tipo de decisiones reafirman la convicción de que, tanto el estado de Coahuila como sus municipios, seguirán siendo un ejemplo en materia de seguridad pública a nivel nacional, bajo el liderazgo de un gobernador comprometido con el bienestar de sus ciudadanos.Estado y municipio fortalecen estrategia para prevenir delitos de alto impacto en Torreón"

¿Qué significa que la ministra Norma Piña impulsó nuevas consultas con respecto a la Reforma Judicial?

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la dirección de la ministra Norma Piña, está en proceso de evaluar tres nuevas consultas de inconstitucionalidad relacionadas con la reciente reforma judicial, promovida por diversos funcionarios del Poder Judicial y jueces del país. Estas consultas buscan determinar si la reforma vulnera principios esenciales de la República, como la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto de la reforma judicial el 15 de septiembre, lo que motivó a jueces, magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) a solicitar una revisión exhaustiva de su constitucionalidad. Tres de estos recursos fueron aceptados por la SCJN para ser discutidos en el Pleno, y su resolución será clave para definir la postura del máximo órgano judicial frente a la reforma.

¿Qué implica la revisión de la SCJN de la reforma judicial?

Estas nuevas consultas no representan una decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que son un paso preliminar para definir el procedimiento a seguir. Según el artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN debe analizar la viabilidad de los recursos antes de proceder a su discusión en fondo.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa fue asignada para elaborar los proyectos relacionados con estos casos, sumando ya siete consultas en curso en la SCJN. Estas consultas se integran en un proceso que podría redefinir el futuro del Poder Judicial en México.

Otras nuevas consultas relevantes en manos de la Corte

Además de las consultas en manos de la ministra Esquivel, la ministra Lenia Batres y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también tienen asignados recursos relacionados con la reforma. Este último, en particular, maneja un asunto clasificado como “urgente”, lo que refuerza la relevancia y el impacto de esta reforma en la autonomía del Poder Judicial.

Controversias y oposición a la reforma judicial

Uno de los recursos fue presentado por el magistrado Froylan Muñoz Alvarado, exdirector de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del PJF, quien argumentó que la reforma atenta contra la estructura del Poder Judicial. A través de sus redes sociales, Muñoz Alvarado destacó la solicitud de suspensión de la reforma, citando el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF, en defensa de la autonomía judicial.

¿Qué son las nuevas consultas en la SCJN y por qué son importantes?

Las consultas en la SCJN permiten definir los procedimientos a seguir cuando no existe un protocolo claro para abordar determinados asuntos. Aunque estas consultas no dictan el fallo definitivo, son fundamentales para asegurar que cualquier proceso judicial siga el curso correcto. Una vez que el Pleno define el procedimiento por mayoría de votos, el caso pasa a un ministro encargado de elaborar el proyecto de resolución.

La resolución de estas consultas podría tener implicaciones profundas en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un momento en que la independencia de los poderes es un tema de debate público. Mientras la SCJN continúa analizando la viabilidad de los recursos, la atención sigue centrada en cómo se resolverá este desafío constitucional.

3 puntos clave sobre la votación respecto a la reforma constitucional de la Guardia Nacional

El día de ayer fue un momento crucial, la discusión del dictamen de reforma constitucional de la Guardia Nacional. Este debate se sostuvo en tres pilares fundamentales que merecen atención y a eso quiero dedicar la columna de hoy.

Primero: es crucial recordar que la actual mayoría en el Congreso se basa en un 5% de apoyo, utilizando una mayoría calificada para imponer su agenda. El pueblo de México confió en que otorgara solo una mayoría simple, sin la cual no habríamos llegado a este punto. Esto plantea interrogantes sobre la legitimidad de las decisiones que se toman en nuestro nombre.

Segundo: existe una incongruencia alarmante de parte de quienes pertenecen al partido que hoy tiene mayoría, ya que lo que antes se rechazaba vehementemente ahora se celebra. Es sorprendente ver a aquellos que durante años han criticado la militarización del país, hoy aplaudiendo un dictamen que va en contra de sus propios principios. Esta doble moral no solo confunde al electorado, sino que pone en riesgo el futuro de nuestra democracia.

Por último: La crisis que estamos viviendo. Estamos atravesando la peor crisis de seguridad en seis años. La estrategia de “abrazos a los que dan balazos” ha demostrado ser un fracaso rotundo. A pesar del sacrificio de las fuerzas armadas, no podemos caer en el falso dilema de estar a favor o en contra de ellas. El grupo parlamentario de Acción Nacional respeta profundamente al ejército y la marina, pero se opone firmemente a su militarización.

La visión de Acción Nacional es clara. Nosotros apoyamos la colaboración temporal de la Guardia Nacional, pero no su permanencia en las calles. Es esencial fortalecer las policías estatales y municipales, brindándoles recursos, capacitación y apoyo constante. Los ciudadanos en estados como Sinaloa, Tabasco, Michoacán y Sonora no deben quedar a merced de la inseguridad.

El legado del presidente López Obrador podría ser recordado como el de un “presidente de la muerte” si no se implementan estrategias efectivas que unan esfuerzos entre el estado, los municipios y la federación para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos.

Esta reforma constitucional de la Guardia Nacional que consideramos una militarización del país, no es la respuesta. Necesitamos una estrategia integral que incluya el fortalecimiento de nuestras instituciones civiles. La reforma que hoy se debate no solo afecta el presente, sino que condiciona el futuro de nuestro país. Es momento de reflexionar sobre qué tipo de México queremos construir.

"Un retroceso peligroso": Blanca Leticia Gutiérrez Garza expone postura del PAN frente a la Reforma a la GN

El debate sobre la seguridad pública en México se intensifica con la reciente reforma propuesta por el Ejecutivo Federal, que busca transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta medida ha generado una fuerte oposición por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), representado por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza.

La reforma y el peligro de la militarización

Según Gutiérrez Garza, esta reforma representa "un grave retroceso en la seguridad pública del país", ya que amenaza con militarizar una tarea que debería permanecer en manos civiles. La diputada recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional una propuesta similar, señalando que "la naturaleza de la Guardia Nacional debe seguir siendo civil". Agregó que esta reforma "debilita la seguridad pública y aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos".

Gutiérrez Garza subrayó que "la militarización de la seguridad no solo va en contra del mandato civil de la Guardia Nacional, sino que también afecta la capacidad de las instituciones locales y estatales para coordinar la seguridad pública de manera efectiva". En sus palabras, "la reforma centraliza el poder en la Sedena, debilitando a las policías estatales y municipales".

Impacto en los derechos humanos

Una de las preocupaciones más alarmantes para el PAN es que, bajo el control militar, la seguridad pública seguirá "una lógica de guerra", lo que puede llevar al uso excesivo de la fuerza y a la erosión de los derechos humanos. Gutiérrez Garza enfatizó que "la seguridad pública debe priorizar la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, tareas que son incompatibles con un enfoque militarizado".

Una oposición amplia

El PAN no está solo en su oposición a esta reforma. Gutiérrez Garza señaló que diversas organizaciones civiles, expertos en seguridad y defensores de derechos humanos también han alzado la voz en contra de la militarización de la seguridad pública. "No se trata solo de un cambio administrativo; es un cambio estructural que afectará la esencia misma de la gestión de la seguridad pública en un Estado democrático", sentenció.

La alternativa del PAN: Seguridad con enfoque civil

Acción Nacional insiste en que la solución no pasa por la militarización, sino por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Gutiérrez Garza subrayó: "Un país seguro no es el que tiene más armas en las calles, sino el que garantiza la paz a través de la ley, la justicia y el respeto a los derechos humanos".

La postura del PAN es clara: rechazarán esta reforma que consideran "un grave error histórico". Además, Gutiérrez Garza destacó que el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador ha dejado "200,000 homicidios", convirtiendo este sexenio en "el más mortífero en la historia de nuestro país".

Para el PAN, la militarización no resolverá el problema de la violencia; su visión es la de un México donde la seguridad pública esté en manos de instituciones civiles que rindan cuentas a la ciudadanía, respeten los derechos humanos y trabajen por una paz duradera.

Aquí su participación desde el canal del Congreso en YouTube:

Congreso aprueba Reforma de los Pueblos Indígenas en lo particular

Con una abrumadora mayoría de 483 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al artículo 2º de la Constitución Política, centrada en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El dictamen fue remitido al Senado por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, para continuar con los procesos constitucionales correspondientes.

¿Qué establece la reforma al artículo 2º?

La reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, respetando de manera irrestricta sus derechos humanos. Este cambio establece una nueva constitución para estos pueblos dentro del marco de la Carta Magna, reflejando la diversidad multiétnica de México.

Entre las principales modificaciones aprobadas destacan:

Derechos de las mujeres, la niñez y la juventud indígenas y afromexicanas

La reforma garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en igualdad de condiciones en los procesos de desarrollo de sus comunidades, asegurando su acceso a la educación, salud, propiedad de la tierra y demás derechos humanos.

Asimismo, asegura que la niñez, adolescencia y juventud de estas comunidades reciban atención en sus propias lenguas, facilitando el ejercicio pleno de sus derechos a la educación, salud, cultura, arte, deporte y capacitación para el trabajo.

Contexto de la aprobación de la Reforma de los Pueblos Indígenas

El dictamen fue impulsado por el Ejecutivo Federal y se discutió ampliamente en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde obtuvo un dictamen positivo. Durante el debate, diputados de varios partidos, incluyendo Morena, PAN, PT, PRI y MC, presentaron reservas que fueron retiradas o rechazadas.

El legislador panista Theo Kalionchiz panista de Monclova, Cohauila destacó que esta reforma fortalece los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos, obligando a la creación de una ley general que garantice el respeto a sus derechos en todos los niveles​.

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Próximos pasos

El dictamen ha sido enviado al Senado para su revisión. De ser aprobado, esta reforma consolidará el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, marcando un hito en la historia de la legislación mexicana.

¿De qué trata la Reforma de la Guardia Nacional?

La reforma de la Guardia Nacional ha sido un tema controversial en México debido a su implicación en la militarización de las fuerzas de seguridad pública. Esta reforma, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca modificar varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta más destacada es la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que, en términos prácticos, militarizaría permanentemente a la institución​.

¿De qué trata la Reforma de la Guardia Nacional?

La iniciativa presentada el 8 de febrero de 2024 propone cambios en artículos clave de la Constitución, como el 13, 16, 21, y otros, con el objetivo de permitir que la Guardia Nacional sea manejada directamente por SEDENA. Según el dictamen, la Guardia Nacional, aunque con funciones policiales, estaría integrada por personal de origen militar y dependería de la estructura militar del país​.

Los puntos principales de la reforma son:

  1. Jurisdicción militar: Se plantea que la Guardia Nacional mantendría su carácter militar, aunque sus funciones sean de seguridad pública​.
  2. Formación militar: Aunque se insiste en que las funciones de la Guardia Nacional son policiales, los elementos estarían bajo formación y disciplina militar, lo que refuerza su carácter militarizado.
  3. Permanencia de la militarización: Mientras que antes la militarización de las fuerzas de seguridad se planteaba como temporal, ahora se busca que la Guardia Nacional opere bajo control militar de manera indefinida​.
  4. Cambio en la percepción pública: La reforma subraya que la Guardia Nacional tiene altos índices de aprobación, lo que se utiliza como argumento para justificar su militarización. Sin embargo, expertos señalan que la popularidad no es equivalente a efectividad​.

¿Por qué no es bueno militarizar al país?

  1. Riesgos a los derechos humanos: El historial de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública ha estado marcado por violaciones a los derechos humanos, como señalan múltiples organizaciones civiles. La adscripción de la Guardia Nacional a SEDENA podría aumentar la posibilidad de abusos de poder y extralimitaciones​.
  2. Militarización de la seguridad pública: A nivel global, la tendencia es que las fuerzas de seguridad sean de carácter civil. La militarización va en contra de esta norma, alineando a México con países como Corea del Norte o Irán, donde los militares tienen un papel central en el control interno​.
  3. Fracaso de la estrategia militar: Desde la "guerra contra el narcotráfico" iniciada en 2006, la militarización de la seguridad pública no ha reducido la violencia. Al contrario, ha exacerbado el problema, con cifras alarmantes de homicidios y control del crimen organizado sobre amplias regiones del país​.
  4. Descomposición del tejido social: La intervención militar en áreas de seguridad pública puede generar miedo y desconfianza entre la ciudadanía, afectando el tejido social y socavando la confianza en las instituciones civiles​.

Militarizar la Guardia Nacional no solo contraviene los principios de una democracia moderna, sino que puede tener efectos negativos a largo plazo en la seguridad, los derechos humanos y la gobernabilidad. Para muchos expertos y voces políticas, como el Partido Acción Nacional (PAN), la militarización representa un riesgo elevado para el país y su sistema democrático, y podría profundizar los problemas de inseguridad en lugar de resolverlos​(Dictamen Guardia Nacion…)​(240919 Lineas dictamen …).