Este fin de semana participé en la Reunión Plenaria del PAN en Jalisco, un encuentro clave rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones. Ahí definimos una agenda clara y firme: defender la democracia, proteger la economía de las familias, garantizar el abasto de medicinas y enfrentar de frente a la narcopolítica.

Bajo el lema #ResistenciaEnAcción, reafirmamos que nuestra lucha no es contra un partido, sino contra un modelo de gobierno que quiere perpetuarse en el poder a costa de las instituciones, las libertades y el futuro de México.

Morena busca poder absoluto, nosotros defendemos a las familias

Hoy vemos a Morena obsesionado con imponer reformas a modo, manipular las reglas electorales, centralizar recursos y debilitar los contrapesos democráticos. Ante esa amenaza, en Acción Nacional tenemos propuestas reales que responden a lo que viven millones de mexicanas y mexicanos:

• Economía familiar primero: no permitiremos nuevos impuestos ni más gasolinazos. Nos comprometimos a que el precio de la gasolina no supere los 20 pesos por litro, a impulsar tarifas eléctricas justas, deducción total de colegiaturas y reducción de impuestos a quienes menos ganan. También defendemos a los productores del campo con apoyos reales.
• Salud sin corrupción: seguiré alzando la voz para garantizar el abasto de medicamentos, porque la salud no puede seguir siendo rehén de la indolencia y la corrupción de este gobierno.
• Seguridad y democracia: propusimos cárcel de por vida para los narcopolíticos que usan el poder para servir al crimen organizado. Y advertimos que no vamos a permitir que Morena manipule las reglas electorales: defender la democracia es defender a la ciudadanía.

No más deuda ni leyes espía

No puedo quedarme callado frente al endeudamiento histórico que Morena ha provocado: en solo siete años, duplicaron la deuda del país de 10 a casi 18 billones de pesos. No avalaremos un presupuesto que hipoteque el futuro de nuestros hijos.

Tampoco aceptaré las llamadas “leyes espía”, que pretenden recopilar datos personales —huellas, iris, información médica y financiera, incluso geolocalización— sin orden judicial. Desde Acción Nacional ya impulsamos amparos para proteger la privacidad de cada ciudadano.

Somos la oposición firme que México necesita

Me enorgullece decir que Acción Nacional ha sido el muro de contención frente a los retrocesos de Morena. Hemos impedido que el colapso de instituciones democráticas sea una realidad.

En esta plenaria refrendamos nuestro compromiso:

Frente al autoritarismo, unidad. Frente al espionaje, libertad. Frente a la corrupción, justicia.

Pensamos en el futuro, no en el poder

Mientras Morena solo busca perpetuarse en el poder, en Acción Nacional trabajamos por un México con certeza, justicia y oportunidades. Nuestra responsabilidad es clara: defender la democracia cueste lo que cueste y construir soluciones para las familias mexicanas.

Hoy más que nunca estoy convencido de que la resistencia se convierte en acción, y que la voz firme de Acción Nacional seguirá siendo la esperanza de millones de ciudadanos que no se rinden frente al autoritarismo.

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Una vez más, el gobierno federal nos quiere ver la cara. Con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, MORENA pretende simular un proceso democrático que, en realidad, es un burdo montaje para imponer una reforma a modo. Lejos de abrir un diálogo incluyente, plural y ciudadano, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha conformado una comisión integrada por personajes leales a su causa, todos alineados con el régimen y sin posibilidad alguna de disentir.

¿Alguien cree que Ernestina Godoy, Rosa Icela Rodríguez, José Merino o Arturo Zaldívar se opondrán a lo que Sheinbaum y su partido ya decidieron? Por supuesto que no. Esta Comisión no es un espacio de diálogo: es un instrumento de control. Un aparato autoritario que busca legitimar una reforma electoral con un sello democrático falso, mientras debilita —una vez más— a las instituciones que garantizan nuestra libertad política.

La verdadera intención de esta Comisión no es escuchar a la ciudadanía, ni construir consensos, ni proteger la equidad en las elecciones. Es imponer, desde el poder, una reforma diseñada para perpetuar el dominio de un solo partido, para debilitar al Instituto Nacional Electoral y para limitar la pluralidad que tanto le costó construir a este país. Quieren borrar el equilibrio de poderes y arrasar con cualquier posibilidad de alternancia democrática.

MORENA, el partido que prometió combatir la corrupción, hoy es el rostro de los lujos descarados: viajes a Europa, relojes de millones de pesos, ropa de diseñador. Mientras tanto, millones de mexicanas y mexicanos viven con menos, padecen inseguridad, falta de medicamentos y empleos mal pagados. Pero el poder les ha sabido dulce y ahora quieren asegurarse de no soltarlo nunca.

Por eso hay que alzar la voz. Porque este intento de reforma electoral no es una simple iniciativa más: es el paso decisivo hacia un sistema político cerrado, vertical y profundamente autoritario. Pretenden debilitar las reglas que garantizan elecciones limpias para fortalecer un régimen en el que el pueblo sólo sea espectador, nunca protagonista.

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es una mascarada. Una coreografía cuidadosamente diseñada para hacer creer al país que existe diálogo y consenso, cuando en realidad las decisiones ya están tomadas en las oficinas de Palacio Nacional.

México no necesita una reforma electoral impulsada por los mismos que quieren mantenerse en el poder a toda costa. Necesitamos más democracia, no menos. Más transparencia, no simulación. Más equidad, no autoritarismo.

Quienes creemos en un México libre, plural y verdaderamente democrático, no podemos permitir que esta farsa se consolide. No se trata solo de frenar una reforma, sino de defender el derecho de cada mexicana y mexicano a elegir su destino con libertad y sin manipulación desde el poder.

Porque si dejamos que esta simulación avance, mañana será demasiado tarde para recuperar lo que hoy aún podemos defender.

México no necesita una reforma electoral impuesta desde Palacio Nacional. Lo que nuestro país necesita es un compromiso genuino con la democracia, el pluralismo y el respeto a las instituciones que, con mucho esfuerzo, nos hemos dado como sociedad. Sin embargo, lo que hoy vemos es otra cosa: una intentona más del régimen de Morena por debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), acallar a la oposición y reescribir las reglas del juego electoral a su conveniencia.

La recién creada Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es el más claro ejemplo de esta simulación. ¿Cómo puede hablarse de un ejercicio democrático y plural cuando la comisión está integrada únicamente por funcionarios del oficialismo? Desde Rosa Icela Rodríguez hasta Arturo Zaldívar, todos son parte de la misma estructura de poder. Ningún representante de oposición, del INE, de la academia o de la sociedad civil fue incluido con capacidad de decisión.

Esto no es apertura. Esto es control.

Nos dicen que buscarán "consultar al pueblo", que abrirán "espacios de análisis", pero los antecedentes recientes nos enseñan que estas supuestas consultas sólo buscan legitimar decisiones ya tomadas. Lo vimos con el Plan A, el Plan B y el Plan C de López Obrador: todas iniciativas diseñadas para reducir la autonomía del árbitro electoral, eliminar la representación proporcional, recortar financiamiento a los partidos y concentrar más poder en el Ejecutivo. Hoy, esta nueva reforma es simplemente el Plan D del autoritarismo.

En el PAN, somos claros: sin consenso, cualquier reforma electoral es ilegítima y peligrosa. No se puede modificar la ley electoral para inclinar la balanza a favor de un solo partido. No se puede permitir que el padrón electoral, la organización de las elecciones y la designación de autoridades quede en manos de quienes buscan perpetuarse en el poder.

Morena está intentando dinamitar la democracia desde sus cimientos. La desaparición del INAI, el intento por debilitar al Poder Judicial, la militarización del país, la Ley Espía y ahora esta reforma electoral, forman parte de una misma estrategia: silenciar las voces críticas, eliminar contrapesos y construir un sistema autoritario.

Desde Acción Nacional no nos vamos a quedar callados. Vamos a defender al INE, al Tribunal Electoral y al derecho de cada mexicana y mexicano a votar en elecciones limpias y equitativas. Vamos a denunciar esta comisión por lo que es: una pantalla para disfrazar una reforma tramposa, que solo beneficiará al partido en el poder.

El pueblo de México merece una democracia de verdad, no una simulación. No podemos permitir que las reglas electorales sean dictadas por los mismos que hoy concentran el poder absoluto.

Desde la Cámara de Diputados, seguiré alzando la voz y trabajando para frenar cualquier intento de Morena por imponer una reforma electoral sin escuchar a la ciudadanía.

Porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que una democracia sin instituciones independientes es solo una fachada. Y nosotros no estamos aquí para aplaudir imposiciones. Estamos aquí para defender a México.

A tan solo semanas de haber iniciado su gobierno, Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente desconfianza ciudadana en uno de los temas más sensibles: la lucha contra la corrupción. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta nacional de La Encuesta MX, el 65.5% de los mexicanos desaprueban su gestión en materia de buen gobierno y combate a la corrupción.

Una presidenta reprobada en honestidad

La encuesta telefónica —realizada a 5,000 personas adultas entre el 28 y el 30 de julio de 2025— revela que únicamente el 29.4% de los encuestados están de acuerdo con el manejo de la corrupción por parte del nuevo gobierno, dejando a la presidenta con una diferencia negativa de más de 30 puntos porcentuales frente a la mayoría.

Este rechazo no es casual. En semanas recientes, miembros prominentes del oficialismo han estado en el ojo del huracán. Las lujosas vacaciones del hijo del expresidente, “Andy” López Beltrán, de Mario Delgado y Ricardo Monreal, así como las denuncias por presuntos vínculos con el crimen organizado hacia varios gobernadores de Morena —expuestas por el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno—, han desatado un fuerte malestar social.

Seguridad, otro tema que divide

Aunque Sheinbaum goza de un 67.1% de aprobación general —de acuerdo con el mismo estudio—, su desempeño en materia de seguridad pública también muestra una ciudadanía polarizada: el 48.3% la aprueba, mientras que el 47.1% la reprueba. En un país con más de 121 mil personas desaparecidas, estos datos demuestran que la percepción ciudadana está lejos de ser uniforme.

El discurso de “no mentir, no robar” se cae

MORENA llegó al poder bajo la bandera de la honestidad y el combate frontal a la corrupción. Sin embargo, tras siete años de promesas incumplidas, escándalos financieros y nula transparencia en megaproyectos como el Tren Maya o Dos Bocas, la realidad contrasta con el discurso oficial.

Hoy, los datos duros revelan que el nuevo gobierno no solo arrastra el desgaste de la administración anterior, sino que lo profundiza: la percepción de corrupción sigue creciendo, y los casos vinculados a altos funcionarios de Morena no se investigan ni castigan.

Urge rectificar el rumbo

Los ciudadanos exigen resultados reales y un gobierno que no solo hable de transformación, sino que la practique. Si Claudia Sheinbaum quiere recuperar la confianza perdida en temas de transparencia y legalidad, debe comenzar por separar a su administración de los personajes señalados, garantizar investigaciones imparciales y dejar de encubrir a quienes han abusado del poder.

La encuesta es un mensaje claro: la lucha contra la corrupción no se gana con discursos, se gana con hechos, y hoy, la mayoría de las y los mexicanos no están viendo ninguno.

Con información de polls.mx

Millones de consumidores en México, especialmente jóvenes y familias de clase media, podrían enfrentar un duro golpe en sus bolsillos. A partir del 15 de agosto, el impuesto a plataformas como Shein, Temu o AliExpress aumentará del 19% al 33.5%, una medida impuesta por el Gobierno federal que ya genera amplio rechazo entre las y los mexicanos.

El incremento fue publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación como parte de un decreto de la Secretaría de Hacienda, en el que se establece un nuevo impuesto mínimo global del 33.5% sobre las importaciones de bajo valor que provienen de países sin tratado comercial con México, como China.

¿Qué implica este nuevo impuesto?

Hasta ahora, plataformas como Shein o Temu operaban bajo un procedimiento simplificado de comercio electrónico, que permitía la importación de pequeños paquetes con un gravamen global del 19%, que incluía IVA, ISR y aranceles. Con esta reforma, por cada 1,000 pesos gastados, se cobrarán 335 pesos adicionales en impuestos.

La medida no aplicará para productos provenientes de países con Tratado de Libre Comercio con México, como Estados Unidos y Canadá, siempre que su valor no exceda los 117 dólares. Sin embargo, la mayoría de los productos más accesibles en estas plataformas vienen de China, por lo que el impacto será significativo para millones de compradores.

El argumento oficial: frenar abusos y presiones de EE.UU.

Desde enero de este año, el Gobierno de México obligó a las plataformas extranjeras a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), obtener su firma electrónica (e.firma) y designar un representante legal en el país, como parte de su estrategia para cerrar presuntas vías de evasión fiscal.

Además, esta nueva medida responde a la presión del gobierno de Estados Unidos, que ha exigido a México mayor control sobre el ingreso de productos chinos, que —aseguran— están llegando a su mercado a través de territorio mexicano. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló recientemente que “México ya cumplió” y ahora esperan la respuesta de Washington.

Mexicanos se pronuncian: 68% rechaza el aumento

De acuerdo con un análisis realizado por la herramienta de antropología digital DINAMIC, el 68% de las conversaciones en redes sociales muestran un rechazo abierto a la medida, al considerarla una carga adicional para los hogares mexicanos. Los usuarios advierten:

• Aumento del comercio informal.
• Mayor evasión fiscal.
• Impacto directo en jóvenes, estudiantes y familias que dependen de precios bajos.

Mientras tanto, solo el 11.28% de las opiniones valoran positivamente el intento de impulsar el consumo local o proteger el comercio nacional.

También crece la exigencia ciudadana de transparencia y análisis técnico sobre el verdadero impacto de esta reforma fiscal.

¿Qué harán las plataformas?

Hasta el momento, ni Shein, ni Temu ni AliExpress han emitido comunicados oficiales. Sin embargo, existen tres escenarios posibles:

1. Trasladar el costo al cliente final.
2. Absorber parte del impuesto para mantener competitividad.
3. Expandir operaciones dentro de México o EE.UU. para reducir el impacto del nuevo gravamen.

De hecho, Shein ya abrió su plataforma a proveedores mexicanos desde 2023, Temu lo hizo en 2024 y AliExpress en 2025, como medida anticipada ante regulaciones más estrictas.

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, exigió que se esclarezcan los presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y redes del crimen organizado, particularmente en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por encubrir operaciones ilícitas y favorecer negocios familiares con recursos de procedencia dudosa.

“Los mexicanos merecemos saber la verdad. Que se esclarezcan las cosas, que no haya intocables. Si un funcionario de primer nivel del oficialismo está implicado con el crimen organizado, que se investigue hasta las últimas consecuencias”, expresó Romero.

Revelaciones periodísticas destapan red criminal ligada a Morena

Las declaraciones del líder panista se dan tras una investigación de la periodista Peniley Ramírez, quien documentó una serie de operaciones financieras sospechosas y vínculos familiares que apuntan a una estructura criminal protegida desde el poder.

Entre los hallazgos destacan:

• La compra de un departamento de lujo en Miami, con un valor de 1.3 millones de dólares, a través de la empresa MPN906 LLC.
• Negocios familiares en México y Estados Unidos, con contratos gubernamentales y asociaciones civiles vinculadas a los Bermúdez.
• Operaciones en casinos irregulares, presuntamente usados para lavar dinero.
• Investigaciones militares y financieras que ya habían identificado estos vínculos desde hace años, lo que llevó al congelamiento de cuentas bancarias.

Romero calificó la situación como “una red de corrupción que cruza fronteras”, y criticó al gobierno por mantener silencio frente a estos hechos. “Es increíble que el gobierno siga guardando silencio”, afirmó.

Condena por el asesinato de una taxista en Veracruz

Además, el dirigente panista condenó el asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de Veracruz, quien fue secuestrada, obligada a grabar un video intimidatorio y posteriormente ejecutada. El crimen ha sido interpretado como una advertencia al gremio del transporte en la región.

“Miles de mexicanos como Irma enfrentan solos el terror del crimen organizado, mientras el gobierno blinda a funcionarios cuestionados”, sentenció Romero.

Acción Nacional exige justicia y transparencia

Jorge Romero reiteró que desde el PAN se continuará exigiendo justicia y acciones claras contra la corrupción. “México necesita un gobierno que dé la cara, no que esconda la cabeza. Vamos a seguir levantando la voz hasta que estas propiedades y vínculos ilícitos salgan a la luz, y quienes los encubrieron respondan ante la ley”, concluyó.

Han pasado ya siete años desde que Morena llegó al poder prometiendo una transformación profunda para México. Prometieron terminar con la corrupción, brindar seguridad, rescatar a las instituciones, llevar salud universal y hasta construir un sistema como el de Dinamarca. Hoy, todas y cada una de esas promesas se han derrumbado bajo el peso de la incompetencia, la simulación y el engaño. Lejos de avanzar, México vive un retroceso en prácticamente todos los rubros.

El sexenio de López Obrador y ahora el arranque de Claudia Sheinbaum han estado marcados por obras emblema que no sólo no han resuelto nada, sino que han sangrado las finanzas públicas. El Tren Maya acumula sobrecostos, destrucción ambiental y aún no opera en condiciones óptimas. La refinería de Dos Bocas, tras más de 17 mil millones de dólares invertidos, sigue sin producir gasolina a su máxima capacidad. El AIFA, inaugurado con bombo y platillo, sigue sin justificar su existencia, con vuelos que apenas llenan una fracción de su capacidad y una conexión vial deficiente.

Mientras tanto, Pemex y la CFE, hoy están más endeudadas y colapsadas que nunca. Pemex ha registrado pérdidas por más de 1 billón de pesos en este sexenio y la CFE opera con una visión atrasada, contaminante y financieramente insostenible. El resultado: México ha roto récord de deuda externa, alcanzando un preocupante 50.2% del PIB, dejando una pesada losa para las generaciones futuras.

La supuesta estrategia de “Abrazos, no balazos” se ha traducido en una total omisión frente a los cárteles. El país arde. La violencia relacionada con el crimen organizado ha crecido de forma alarmante: las extorsiones han aumentado un 45.5% y los delitos por narcomenudeo un 161%. A ello se suma una cifra que estremece: 121,651 personas desaparecidas hasta finales de enero de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Cada número representa una familia rota, una vida truncada por la indiferencia y la ineptitud del gobierno.

La mala conducción económica también ha cobrado su factura. Tan solo en marzo de este año, más de 128 mil personas perdieron su empleo, según cifras del INEGI. El “crecimiento” prometido es una ilusión estadística que no se traduce en bienestar real. El bolsillo de las familias mexicanas está cada vez más golpeado por la inflación, el aumento de servicios y la precarización laboral.

Salud: la promesa más dolorosa

Pocas mentiras han calado tanto como la promesa de un sistema de salud como el de Dinamarca. Hoy, millones de mexicanos no sólo no tienen acceso a servicios dignos, sino que enfrentan una escasez cada vez más aguda de medicamentos. Las recetas no se surten, las consultas se retrasan y los hospitales carecen de insumos. La salud en México se ha convertido en una lotería, donde sobrevive quien puede pagar, no quien más lo necesita.

El autoritarismo avanza

Y mientras todo esto ocurre, Morena ha hecho lo posible por desmantelar los contrapesos democráticos. Desaparecieron el INAI, el CONEVAL y otros organismos autónomos que garantizaban la transparencia y la evaluación de políticas públicas. En su lugar, han instaurado una estructura centralista, opaca y peligrosa.

Hoy, el gobierno impulsa una Ley Espía que permite al Estado acceder a la información privada de los ciudadanos, censurar contenidos digitales y bloquear plataformas. Una medida que nos acerca peligrosamente a los regímenes autoritarios que tanto criticamos. Todo, en nombre de una “transformación” que sólo ha traído destrucción, pobreza y represión.

La “Cuarta Transformación” ha sido, en realidad, una profunda regresión. Un régimen de simulación, engaño y autoritarismo que ha traicionado cada una de sus promesas. Morena y sus representantes, como Claudia Sheinbaum, dicen estar del lado del pueblo, pero han usado todo el aparato del Estado para someterlo. Han fallado como gobernantes, como servidores públicos y como seres humanos. Es momento de abrir los ojos y asumir con firmeza que México merece algo mucho mejor.

El diputado federal José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que, por medio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), destine recursos extraordinarios a los municipios con mayores problemas de inundaciones, dando prioridad al municipio de Torreón, Coahuila.

En el documento, el legislador explicó que la zona suroriente de Torreón sufre graves afectaciones durante la temporada de lluvias, lo que ha provocado pérdidas materiales constantes, riesgos a la salud pública y afectaciones a la movilidad, derivadas de la falta de un sistema de drenaje pluvial eficiente.

La propuesta presentada contempla que se asigne un presupuesto específico de 500 millones de pesos para la primera etapa de un proyecto integral de drenaje pluvial, con el objetivo de proteger la seguridad y patrimonio de miles de familias de la región.

Guillermo Anaya aseveró que ya desde hace años, las autoridades federales han mantenido en el olvido esta infraestructura vital para Torreón. Lo que se propone es justicia presupuestal y atención a una necesidad urgente que no puede seguir esperando.

El legislador coahuilense reiteró que este exhorto no busca politizar el tema, sino visibilizar una problemática crítica que afecta a una de las regiones más dinámicas del norte del país. Por ello, llamó a todos los grupos parlamentarios a respaldar esta propuesta en beneficio de la población.

Finalmente, recordó que invertir en infraestructura hidráulica no solo previene desastres, sino que también genera empleo, protege la salud y fortalece la capacidad de desarrollo urbano y económico de las ciudades.

Aquí el punto de acuerdo presentado por el diputado federal José Guillermo Anaya Llamas.

El dictamen que Morena pretende aprobar conocido como Ley Censura, una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión representa uno de los retrocesos más alarmantes de las últimas décadas.

Bajo el argumento de “garantizar el acceso universal a internet”, esta reforma es, en realidad, un proyecto peligroso que concentra el poder absoluto en manos del Ejecutivo, desaparece al regulador autónomo y abre la puerta a la censura y el espionaje masivo de los ciudadanos.

¿Qué propone la llamada Ley Censura?

El dictamen elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sustituirlo por una nueva comisión subordinada directamente al gobierno federal. Este nuevo órgano carecerá de independencia, autonomía y patrimonio propio. En otras palabras, el árbitro dejará de existir y el gobierno podrá decidir todo: quién transmite, qué se transmite y qué se bloquea.

Además, Morena se arroga la facultad de operar como proveedor de servicios de internet y de imponer reglas que podrían derivar en la suspensión de transmisiones digitales sin controles judiciales claros. También se mantiene la obligación de conservar todo tu historial de llamadas, mensajes y ubicación en tiempo real, información a la que el gobierno podrá acceder sin orden de un juez.

Espionaje legalizado y censura disfrazada de modernización

Aunque el discurso oficial afirma que todo seguirá igual y que se requerirán autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones, la realidad es muy distinta. Con las recientes reformas en materia de seguridad, se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda ser espiada sin controles efectivos.

Así, el gobierno tendría en sus manos una poderosa herramienta de vigilancia: sabría dónde estás, con quién hablas y qué contenido consumes en internet. Es el sueño de un régimen autoritario: un Estado que vigila a todos y decide qué puedes decir y qué no.

El golpe más duro contra las libertades digitales

La llamada Ley de Censura también elimina cualquier intento de contrapeso. No habrá consejo ciudadano para supervisar al nuevo regulador. Tampoco hay garantías de neutralidad de red ni mecanismos independientes para evitar el uso político de la publicidad oficial o el control de contenidos críticos.

Aunque la presión ciudadana y la oposición lograron frenar la versión más extrema de censura directa a redes sociales, el dictamen mantiene facultades graves que siguen poniendo en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

Desde Acción Nacional decimos claro: NO al #GobiernoEspía

En el PAN hemos defendido siempre que el internet y los medios de comunicación deben ser libres, que ninguna autoridad puede decidir por ti qué puedes ver, compartir o pensar. Hoy, Morena quiere un México vigilado, un México silenciado, un México sometido al poder.

Por eso vamos a votar en contra de esta reforma. Porque un país que espía a su gente no es un país democrático. Porque un gobierno que controla la información no es un gobierno de libertades.

Hoy más que nunca, defender la privacidad, la libertad de expresión y el acceso libre a internet es una obligación. No permitiremos que conviertan la conectividad en un instrumento de persecución y censura.

El gobierno federal ha presentado el programa "Salud Casa por Casa" como si se tratara del mayor esfuerzo de atención médica en la historia de México. Sin embargo, lo que realmente esconde esta iniciativa es una operación política financiada con recursos públicos, utilizada para consolidar la estructura territorial de Morena y promover la imagen del partido rumbo al 2027.

5 mil millones desviados del sector salud

En un país donde los hospitales públicos enfrentan carencias diarias de insumos, equipos y personal médico, el gobierno federal decidió transferir 5 mil millones de pesos del presupuesto del sector salud a la Secretaría del Bienestar. ¿Para qué? Para que los llamados “servidores de la nación”, sin formación médica ni protocolos sanitarios, recorran casa por casa no a curar, sino a censar, adoctrinar y cooptar votos, especialmente entre adultos mayores y personas con discapacidad.

La presidenta prometió contratar a 20 mil médicos y enfermeros, pero lo que están desplegando es un ejército de 20 mil promotores políticos, muchos sin capacitación ni respaldo profesional. Desde Acción Nacional, se ha exigido que cualquier programa de atención domiciliaria esté a cargo de profesionales certificados, con sueldos justos, equipo adecuado y reglas claras.

El fracaso anunciado de las "Farmacias del Bienestar"

El gobierno también ha anunciado que este programa estará vinculado a las polémicas "Farmacias del Bienestar", una extensión de la fallida “megafarmacia”, donde no se garantiza el resguardo adecuado de los medicamentos. ¿El riesgo? Que los medicamentos terminen en manos de operadores políticos y no de quienes los necesitan, violando la prescripción médica y comprometiendo la salud pública.

Peor aún: se pretende almacenar medicamentos en Tiendas del Bienestar, lugares que no cumplen con las normas de temperatura, seguridad y caducidad necesarias. ¿Quién supervisará que los medicamentos no estén caducos o mal almacenados? Nadie.

Un censo disfrazado para fines electorales

Además del desvío de recursos y la improvisación operativa, preocupa la recopilación masiva de datos personales y médicos. Con el pretexto de mejorar la salud de la población, los servidores de la nación estarán levantando un censo sobre hábitos, enfermedades, historial de vacunación y salud emocional. Un banco de datos oro para los intereses electorales de Morena.

Esto ya lo vivimos con la vacunación durante la pandemia de COVID-19, donde los promotores políticos sustituyeron al personal de salud, las decisiones se tomaron con base en cálculos electorales y la vacunación se utilizó como herramienta de campaña.

Médicos sin contrato, sin sueldo y sin derechos

Mientras tanto, los verdaderos profesionales de la salud enfrentan despidos, falta de pagos, condiciones laborales precarias y una creciente desmotivación. Organizaciones como la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud han denunciado que se contrata a médicos como “voluntarios” para no pagarles lo justo, en especial a jóvenes egresados.

¿Ese es el “gran programa de salud” del gobierno? Un disfraz mal armado con fines electorales, mientras el sistema público colapsa por la falta de inversión y personal.

¿Qué exigimos en el PAN?

Desde el Grupo Parlamentario del PAN, presentamos una reforma a la Ley General de Salud para que este tipo de programas se realicen con regulación, supervisión médica y respeto a los derechos de los pacientes. Se propone que la Secretaría de Salud, y no la del Bienestar, sea la encargada de coordinar la atención domiciliaria, junto con el Consejo de Salubridad General.

El objetivo es claro: que "Salud Casa por Casa" no sea otro experimento político con consecuencias sanitarias, sino una verdadera estrategia de salud pública con:

• Personal médico certificado.
• Condiciones laborales dignas.
• Seguridad en el manejo de medicamentos.
• Protección de datos personales.
• Cobertura sin sesgos electorales.

El programa "Salud Casa por Casa" refleja el modelo de este gobierno: mucho discurso, cero planeación. Si realmente se quiere mejorar la atención médica en México, se deben fortalecer hospitales, contratar especialistas, garantizar medicamentos y respetar la dignidad de los trabajadores del sector salud.

Utilizar la salud como bandera electoral es no solo irresponsable, sino inhumano. México necesita políticas públicas, no campañas disfrazadas. Y desde el PAN, seguiremos denunciando cada intento de manipulación con recursos públicos.