El gobierno federal pretende hacer pasar por “modernización” lo que en realidad es una nueva carga económica para las familias mexicanas. La llamada reforma a la Ley Federal de Derechos 2026, impulsada por Morena, no busca mejorar los servicios del Estado, sino incrementar los cobros en trámites, permisos, inspecciones y servicios públicos que hoy ya pagan los ciudadanos.

Aunque el discurso oficial asegura que se trata de una “actualización de cuotas”, en los hechos Morena está metiendo aumentos disfrazados, con alzas de hasta 100% en servicios migratorios y un 16% en cobros bancarios. Esto significa que cada trámite, cada permiso y cada visita a una zona arqueológica o museo podría salir mucho más caro, sin garantía alguna de mejores servicios.

Más cobros y menos resultados

La Ley Federal de Derechos define lo que el gobierno cobra por los servicios que ofrece. Sin embargo, la nueva versión propuesta por Morena convierte este instrumento en una recaudadora silenciosa: bajo el argumento de modernizar el Estado, impone más cobros a migrantes, empresarios, productores y turistas.

Por ejemplo:

• Los migrantes y extranjeros residentes verán duplicado el costo de sus permisos.
• Los pequeños productores y exportadores deberán pagar más por certificados sanitarios y de calidad del agua.
• Las visitas a zonas arqueológicas y museos, como Chichén Itzá, serán más caras, aunque los recursos no necesariamente se reflejarán en mejores condiciones o servicios.
• Las empresas financieras y cooperativas tendrán que absorber aumentos del 16% en costos de inspección, lo cual repercutirá en los precios que paga el consumidor.

En pocas palabras, Morena está subiendo los cobros por todos lados, mientras el país enfrenta servicios públicos deficientes, inseguridad y falta de medicamentos. Los ciudadanos pagan más, pero reciben menos.

Morena quiere más poder y más control

Lejos de fortalecer la autonomía y eficiencia institucional, esta ley centraliza el poder y elimina contrapesos. Morena sigue debilitando a los órganos autónomos para concentrar recursos y decisiones en el gobierno federal.

La autonomía cuesta, pero la obediencia al poder sale mucho más cara. Esta reforma demuestra que el oficialismo prefiere recaudar sin transparencia antes que rendir cuentas.

La propuesta del PAN: cobrar lo justo y devolverlo en servicios

Desde Acción Nacional, la postura es clara: no se puede seguir exprimiendo a los ciudadanos mientras el gobierno derrocha y endeuda al país. Por eso, el PAN plantea seis medidas concretas:

1. Eliminar cobros abusivos, como el pago por sacar del país a menores de edad.
2. Evitar duplicidades, pues muchos servicios ya se financian con el presupuesto.
3. Exigir transparencia: cada peso pagado debe verse reflejado en mejores servicios.
4. Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo.
5. Proteger el acceso cultural y turístico, evitando que el patrimonio nacional se convierta en negocio del gobierno.
6. Cerrar privilegios fiscales a los grandes consorcios, que siguen beneficiándose mientras las familias pagan más.

Morena presume que no sube impuestos, pero con esta ley te cobra por todo: desde el aire que respiras hasta el papel que firmas.

La Ley Federal de Derechos 2026 no moderniza, encarece.
No fortalece al Estado, lo hace más burocrático.
Y no ayuda a las familias, las castiga.

Desde el PAN, se reitera el compromiso:

• Votar en contra de más abusos fiscales.
• Defender el bolsillo de las familias mexicanas.
• Exigir un gobierno que cobre lo justo y devuelva en servicios de calidad.

Porque mientras Morena cobra más, México recibe menos.

Este lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma a la Ley Aduanera propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que pretende modificar la estructura y operación de las aduanas del país.

Aunque la iniciativa se presenta como una “actualización necesaria”, en los hechos consolida mayor control político y administrativo del gobierno federal sobre el sistema aduanero, debilitando la independencia de los agentes y agencias que participan en el comercio exterior.

Una reforma que cambia las reglas para los agentes aduanales

El proyecto presidencial plantea transformar el funcionamiento de las aduanas mexicanas, alterando incluso la responsabilidad legal de los agentes aduanales en las operaciones de importación.

En el dictamen que se someterá a votación, los diputados modificaron algunos puntos de la iniciativa original, entre ellos el plazo de las patentes de los agentes aduanales, que pasaría de 10 a 20 años —en lugar de la propuesta inicial del Ejecutivo—, con el argumento de brindar mayor certeza y continuidad.

Sin embargo, actualmente las patentes tienen vigencia indefinida, siempre y cuando el agente cumpla sus obligaciones. De aprobarse la reforma, el cambio implicaría que la autoridad podrá condicionar o negar renovaciones, abriendo espacio para presiones políticas o discrecionalidad administrativa.

Certificaciones y controles que pueden usarse como mecanismos de presión

Otra modificación es que los agentes deberán certificarse cada tres años, y no cada dos como sugería la versión original. Aunque en apariencia se trata de un ajuste técnico, el fondo sigue siendo el mismo: mantener a los agentes aduanales sujetos a evaluación constante por parte del gobierno, lo que podría traducirse en un mecanismo de control más que de profesionalización.

El PAN ha advertido que estas reformas deben analizarse con cuidado, pues la figura del agente aduanal ha sido un contrapeso fundamental frente a los abusos y arbitrariedades del poder público en la operación aduanera.

Importadores con más requisitos y menos libertad operativa

Otro punto que preocupa al sector privado es la obligación de garantizar el pago de impuestos mediante cuentas aduaneras de garantía, aunque el dictamen permite que esto se haga mediante cartas de crédito y no con depósitos directos.

Si bien esta modificación otorga cierta flexibilidad, la burocracia y los nuevos requisitos podrían elevar los costos de operación, afectando la competitividad de las empresas importadoras y exportadoras, sobre todo las pequeñas y medianas.

Un “Consejo Aduanero” bajo control total del gobierno

Uno de los aspectos más delicados de la reforma es la creación del Consejo Aduanero, presentado como un “órgano deliberativo”, pero que en realidad concentrará decisiones clave sobre otorgamiento, suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones.

Este consejo estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y conformado únicamente por representantes del SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, todas dependencias del Ejecutivo federal.

En la práctica, no habrá contrapeso ni participación del sector privado o de organismos independientes, lo que otorga al gobierno un control total sobre la operación aduanera y sobre quién puede o no ejercer como agente aduanal.

Más sanciones y centralización tecnológica

El dictamen mantiene sin cambios las medidas para endurecer sanciones y fortalecer la fiscalización de los recintos fiscalizados estratégicos. Además, prevé que las autoridades aduaneras puedan firmar convenios tecnológicos con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el fin de centralizar la gestión y el análisis de datos.

Aunque se presenta como un paso hacia la modernización, esta disposición también refuerza la dependencia tecnológica de las aduanas respecto al gobierno federal, eliminando espacios de autonomía operativa.

El riesgo de una reforma con más control que transparencia

Desde la oposición, se ha insistido en que la reforma a la Ley Aduanera debe garantizar transparencia, competitividad y autonomía técnica, no más burocracia ni concentración de poder.

El riesgo es claro: bajo el pretexto de “ordenar y modernizar”, el gobierno puede terminar politizando las aduanas, debilitando la figura de los agentes aduanales y cerrando espacios a la libre operación del comercio exterior.

México necesita aduanas eficientes y modernas, sí, pero también independientes del control político. La vigilancia y la rendición de cuentas deben aplicarse con equilibrio, no con centralismo.

El PAN ha señalado que estará atento a la votación y discusión de esta reforma, para evitar que el Ejecutivo capture el sistema aduanero y lo utilice con fines de control político o recaudatorio, en lugar de promover un verdadero desarrollo económico.

La Ley de Amparo ha sido, durante décadas, el último escudo de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Gracias a ella, cualquier persona podía enfrentarse a decisiones arbitrarias de una autoridad, reclamar justicia y defender sus derechos cuando todo lo demás fallaba. Hoy, ese escudo está en riesgo porque Morena, con su mayoría en el Congreso, pretende desnaturalizarlo y convertirlo en un simple trámite sin fuerza real.

Lo que llaman “reforma a la Ley de Amparo” en realidad es un albazo legislativo, un golpe directo contra los derechos de los mexicanos. La propuesta permite que cualquier autoridad alegue imposibilidad material o jurídica para no acatar sentencias, incluso si un juez ya falló en favor de un ciudadano. En palabras simples: aunque tengas la razón, aunque un tribunal te dé la razón, la autoridad podrá ignorarlo y salirse con la suya.

El ejemplo es claro: si mañana te congelan tu cuenta bancaria injustamente, hoy puedes presentar un amparo y recuperar tu dinero mientras demuestras tu inocencia. Con la reforma, perderías esa opción y quedarías atado de manos. Lo mismo ocurriría si tienes un negocio y el gobierno decide, de manera arbitraria, retirarte un permiso: tendrías que esperar años a que se resuelva un juicio, mientras tu empresa se hunde. Y si el gobierno te debe dinero, simplemente podría no pagarte y justificarlo con una excusa legal.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, lo dijo con claridad: esta iniciativa busca empoderar al gobierno y despojar a los ciudadanos. Es, en esencia, un retroceso democrático que abre la puerta a un régimen autoritario donde los ciudadanos quedan indefensos frente al poder público. Morena está volteando de cabeza la lógica de la justicia: lo que nació para proteger a las personas de los abusos ahora servirá para proteger al gobierno de cualquier reclamo.

Lo más indignante es que pretenden aprobar esta reforma en fast track, sin debate, sin escuchar a expertos, sin permitir que la sociedad opine. Es el estilo Morena: legislar a las carreras para imponer su visión autoritaria, aunque eso signifique borrar de un plumazo conquistas históricas que garantizan el acceso a la justicia.

El PAN ha anunciado que votará en contra de este atropello, y no es un asunto partidista: se trata de defender la herramienta que nos protege a todos. Porque si el amparo se debilita, los ciudadanos perderemos la única vía real de defensa frente a los abusos de autoridad.

En democracia, el poder se controla y se limita. Con esta reforma, Morena busca exactamente lo contrario: un poder sin contrapesos, inmune a la justicia y blindado contra los ciudadanos. Eso no es progreso, es autoritarismo disfrazado de ley.

La comparecencia de la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, ante la Cámara de Diputados dejó en claro lo que millones de mexicanos ya saben: el gobierno de Morena ha renunciado a gobernar con diálogo y soluciones, para convertirse en un simple aparato de propaganda presidencial.

En lugar de mediar consensos y garantizar la paz, la SEGOB llega a este ejercicio de rendición de cuentas con un país más polarizado, con más violencia, más desapariciones y menos democracia.

Un México en llamas que Morena no quiere ver

Mientras el gobierno presume “unidad”, la realidad es otra: más de 8 mil nuevas desapariciones en un solo año, 940 feminicidios registrados y 26 de las 50 ciudades más violentas del mundo dentro de nuestro territorio. Cifras que exhiben un fracaso absoluto en seguridad y gobernabilidad.

En vez de actuar, la SEGOB maquilla estadísticas y repite discursos, mientras la gente vive bajo miedo, desplazamiento y violencia cotidiana.

Corrupción e impunidad como sello del sexenio

México ocupa el lugar 140 de 180 países en percepción de corrupción según Transparencia Internacional. Pero lejos de ser un árbitro contra la impunidad, la Secretaría de Gobernación ha sido cómplice del deterioro institucional.

Desde el huachicol fiscal hasta los presuntos nexos de funcionarios de Morena con el crimen organizado, la opacidad es la norma. Incluso hoy persisten señalamientos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que involucran a personajes cercanos a la familia del expresidente López Obrador.

Derechos humanos en abandono

La crisis humanitaria es innegable: más de 110 mil personas desaparecidas, miles de quejas contra la Guardia Nacional y un país que sigue siendo el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo.

Las víctimas no encuentran acompañamiento en la SEGOB. Las madres buscadoras recorren desiertos y carreteras con palas, mientras la Secretaría les da la espalda. Periodistas y activistas sufren ataques y asesinatos, con un Mecanismo de Protección que ha demostrado ser ineficaz.

Una política migratoria subordinada

México pasó de defender a sus connacionales a convertirse en muro de contención de Estados Unidos. La política migratoria de Morena se ha enfocado más en la criminalización que en la protección de los derechos humanos de las personas en tránsito.

El contraste: soluciones desde la oposición

Mientras el gobierno se encierra en discursos vacíos, desde Acción Nacional se plantean propuestas claras y directas para mejorar la vida de las familias mexicanas:

• Agua sin IVA.
• Gasolina a 20 pesos.
• Bajar tarifas eléctricas.
• Pena máxima a narcopolíticos.
• Fondo para madres buscadoras.
• Guardia Nacional civil.
• Acceso universal y gratuito a tratamientos contra el cáncer de mama.
• Voucher de medicamentos, para garantizar el abasto.

México necesita consensos, no propaganda

Hoy queda claro que Morena convirtió a la SEGOB en un muro contra los estados de oposición y en una simple vocera del Presidente. Lo que el país necesita no es propaganda ni confrontación, sino consensos, paz y justicia.

En Acción Nacional se reafirma el compromiso: defender la democracia, la libertad, a las víctimas, a los periodistas, a las mujeres y a cada mexicano que exige vivir en paz.

En los últimos días salió a la luz un hecho que, aunque el oficialismo intente minimizar, es gravísimo: Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) y Gonzalo López Beltrán, hijos de López Obrador, ex presidente de México, obtuvieron un amparo judicial contra cualquier posible orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada.

No es un detalle menor ni un simple trámite legal. Se trata de una clara muestra de que los privilegios y la impunidad se heredan en la familia presidencial. Mientras millones de mexicanos deben enfrentar la justicia sin respaldo alguno, los hijos de López Obrador cuentan con abogados que han defendido a capos del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, y con jueces dispuestos a conceder suspensiones exprés aun cuando la solicitud ni siquiera contaba con firma autógrafa ni electrónica.

El amparo que dice más de lo que calla

El expediente 2098/2025 del Consejo de la Judicatura Federal detalla que el amparo no solo protege a los hijos de AMLO, sino también a otros 14 personajes, entre ellos exfuncionarios y empresarios ligados a casos de huachicol fiscal y presunto contrabando de hidrocarburos. Es decir, los López Beltrán aparecen en la misma lista que personajes bajo sospecha de graves delitos.

¿Y qué hizo el juez? Concedió de plano la suspensión a cambio de una fianza ridícula de 10 mil pesos. En un país donde cualquier ciudadano de a pie puede ser detenido sin miramientos por faltas menores, el círculo cercano de López Obrador obtiene blindajes legales casi automáticos.

El contraste con la realidad nacional

Mientras los hijos de López Obrador buscan protección judicial preventiva, millones de mexicanos padecen la inseguridad y el abandono del Estado. El gobierno de Morena ha sido incapaz de garantizar justicia para las víctimas de desaparición forzada, pero sí logra garantizar protección anticipada para la familia presidencial.

Además, resulta ofensivo que el domicilio señalado para notificaciones sea el Hotel Círculo Mexicano en el Centro Histórico, donde opera la tienda de chocolates vinculada a los López Beltrán. En otras palabras, negocios familiares convertidos en oficinas legales para tramitar amparos.

La pregunta incómoda

Lo que hoy preocupa a la ciudadanía es evidente: si los hijos del expresidente nada deben, ¿por qué temen tanto que los detengan? ¿Qué saben ellos que los demás desconocemos?

El uso del amparo como escudo político revela que Morena y la familia López Obrador están conscientes de que el país demanda cuentas claras. Por eso se adelantan y se protegen: porque saben que tarde o temprano la verdad alcanza a todos, incluso a quienes se han creído intocables.

Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: México no merece una justicia de privilegios. El blindaje de los hijos de López Obrador exhibe la hipocresía de un movimiento que presumió ser distinto, pero que hoy recurre a las mismas mañas del viejo sistema.

La verdadera transformación que México necesita no es la de los privilegios familiares disfrazados de legalidad, sino la de un país con instituciones firmes, imparciales y que sirvan a todos por igual.

Porque la justicia no debe depender del apellido que lleves, sino de la ley que a todos nos protege y obliga.

Cada vez que reviso los números del Paquete Económico 2026, me queda más claro que el gobierno federal no solo ha sido incapaz de manejar las finanzas públicas, sino que ha decidido hipotecar el futuro de México. Para ese año, la deuda pública superará los 20 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que cada mexicano cargará con más de 151 mil pesos de deuda, un nivel histórico que confirma la irresponsabilidad con la que Morena ha manejado la economía.

Nos dicen que el endeudamiento será de 4.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y que el saldo histórico llegará al 52.3 % del PIB. Suena técnico, pero en realidad significa que cada vez más dinero de nuestros impuestos se destinará a pagar intereses, en lugar de invertirse en hospitales, escuelas, carreteras o seguridad. Es la receta perfecta para frenar el desarrollo de nuestro país.

No podemos ignorar la situación de Pemex. Hacienda anunció que inyectará hasta 10 mil millones de dólares para “fortalecer” la liquidez de la petrolera. ¿El problema? Que la deuda total de Pemex ronda los 100 mil millones de dólares, por lo que ese apoyo apenas cubre entre el 7 % y el 10 %. En pocas palabras, es como querer tapar un hoyo con un parche ridículo.

Y aunque la Secretaría de Hacienda se esfuerce en decir que no se trata de una garantía, todos sabemos que en la práctica sí lo es: si Pemex no cumple, la deuda la terminamos pagando todos los mexicanos. Una vez más, se destina dinero público para sostener una empresa que, lejos de generar riqueza, se ha convertido en un barril sin fondo.

El gobierno insiste en pronósticos de crecimiento de entre 1.8 % y 2.8 % para 2026. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estima apenas 1.4 %. No es la primera vez que Morena presenta escenarios optimistas que no corresponden a la realidad. Es parte de su narrativa: disfrazar la crisis con discursos triunfalistas.

Mientras tanto, el costo financiero de la deuda —lo que pagamos solo por intereses— será también de 4.1 % del PIB. Ese dinero podría destinarse a infraestructura, a combatir la inseguridad o a garantizar medicamentos, pero se va directo a cubrir los errores de quienes han confundido gobierno con propaganda.

El Paquete Económico 2026 es una confesión de fracaso. Morena no solo deja un país endeudado: deja también una economía atrapada en subsidios insostenibles, pensiones mal planeadas y empresas estatales quebradas.

Este gobierno presumió austeridad, pero en realidad lo que entrega es deuda. No hereda bienestar, hereda hipotecas. Y quienes pagarán esa factura serán los jóvenes de hoy y las generaciones que vienen.

Desde Acción Nacional lo decimos con claridad: México merece un rumbo distinto. Un país que gaste con responsabilidad, que priorice la inversión productiva, y que no se someta a los caprichos de un modelo económico que ha demostrado su fracaso. La deuda no es progreso; es la prueba más clara de la irresponsabilidad de Morena.

El Paquete Económico 2026, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, es el primero diseñado íntegramente por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, lejos de representar un plan responsable, llega en un contexto adverso: menos crecimiento económico, caída de ingresos y un nuevo endeudamiento histórico que hipoteca el futuro del país

Más deuda y menos futuro

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la deuda pública al cierre de 2026 alcanzará 52.3% del PIB, equivalente a 20.3 billones de pesos. En solo un sexenio, Morena ha endeudado a México 21% más que todos los gobiernos anteriores juntos, llevando al país a un déficit histórico: gastarán 1.4 billones más de lo que tienen en 2026.

Cada punto de déficit significa menos inversión en salud, menos seguridad y menos oportunidades para las familias mexicanas. El dinero no se destina a lo urgente, sino a tapar errores y financiar proyectos sin futuro.

Golpe directo a la salud

Uno de los aspectos más graves del Paquete 2026 es la llamada “fusión” —en realidad eliminación— de 11 programas de salud que atendían enfermedades como obesidad, VIH y crónicas. Con ello, millones de personas quedarán sin atención médica.

Lejos de invertir en hospitales, medicinas o prevención, el gobierno recorta lo esencial. Mientras tanto, pretende aumentar impuestos indirectos como el IEPS a bebidas azucaradas, bajo el argumento de cuidar la salud, cuando en realidad se trata de una medida meramente recaudatoria.

El cinismo es evidente: recortan programas contra la obesidad, pero suben impuestos “para prevenirla”. Es un doble golpe: menos atención y más impuestos para las familias.

Pemex, el barril sin fondo

A pesar de las pérdidas millonarias de Petróleos Mexicanos, el Paquete Económico 2026 contempla otra inyección de recursos. En lugar de apoyar energías limpias o fortalecer la economía familiar, Morena insiste en tirar dinero público a una empresa quebrada.

Cada peso destinado a Pemex es un peso menos para medicinas, educación, seguridad o proyectos productivos que sí podrían beneficiar a la gente.

Más impuestos, menos ingresos

Además de la deuda y los recortes en salud, el presupuesto contempla nuevos aumentos en impuestos indirectos, como el IEPS. Esto significa que serán las familias mexicanas quienes carguen con el costo de la mala administración del gobierno.

La realidad es clara: menos ingresos, menos crecimiento y más deuda. Morena presume control de la economía, pero lo que entrega es un Paquete con recortes, hipotecas y simulación.

Acción Nacional: alternativas responsables

Desde Acción Nacional, se han propuesto medidas concretas para aliviar la economía familiar:

• Gasolina a 20 pesos por litro.
• IVA 0% en agua y pañales para todas las edades.
• Medicinas deducibles y sin impuestos.
• Apoyos fiscales para útiles escolares, colegiaturas y gastos veterinarios.
• Reducción del ISR a quienes ganan menos de $15,233 al mes.

Estas propuestas demuestran que sí es posible tener un presupuesto responsable, que apoye a las familias mexicanas sin cargarles más impuestos ni endeudarlas a futuro.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una de las problemáticas que más ha crecido en México y que afecta tanto a familias como a comercios y empresas en un clima de miedo e impunidad.

Desde enero, Acción Nacional (PAN) ya había puesto sobre la mesa la urgencia de esta reforma. Hoy, frente a la omisión y falta de estrategia de Morena, el PAN presenta una propuesta clara: un marco jurídico nacional que ponga a las víctimas en el centro, fortalezca la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y garantice resultados tangibles.

¿Qué propone la Ley General de Extorsión?

La iniciativa panista plantea un marco uniforme y eficaz con principios rectores claros:

• Enfoque en la víctima, respeto a los derechos humanos y máxima protección de datos personales.
• Definición amplia de la extorsión: violencia, intimidación, coacción, amenaza o engaño.
• Penas equiparables al secuestro, imprescriptibilidad y persecución de oficio sin beneficios penales.
• Estrategia Nacional contra la Extorsión con objetivos medibles y evaluación anual.
• Obligaciones claras para cada nivel de gobierno:
  • Federación: estrategia nacional y combate a delincuencia organizada.
  • Estados: fiscalías especializadas y atención a víctimas.
  • Municipios: canalización de denuncias y acciones de prevención.

Protección integral a las víctimas

La propuesta de Acción Nacional no se limita al castigo. Incluye:

• Resguardo inmediato, atención médica y psicológica.
• Asesoría jurídica y reparación integral del daño.
• Creación de un Protocolo Nacional de Actuación con perspectiva de víctima.
• Recursos etiquetados en presupuestos federales y locales para garantizar unidades especializadas, tecnología, capacitación y atención integral.

Transparencia y rendición de cuentas

Uno de los puntos centrales de la Ley General de Extorsión es evitar simulaciones. Para ello se contemplan:

• Informes anuales y observatorios ciudadanos.
• Acceso público a la información sobre resultados.
• Responsabilidad penal para servidores públicos omisos o coludidos con la delincuencia.

Acción Nacional frente al fracaso de Morena

Mientras Morena improvisó sin presupuesto ni estrategia, Acción Nacional propone soluciones reales y medibles. El objetivo es romper el ciclo de miedo y silencio que mantiene atrapados a millones de mexicanos, con una ley que no se quede en el discurso, sino que asegure coordinación, profesionalización y resultados.

Un paso firme contra la impunidad

La extorsión no solo roba dinero, también arrebata tranquilidad, libertad y futuro. Con esta iniciativa, Acción Nacional reafirma su compromiso de construir un Estado que sí proteja a las familias mexicanas, con un marco legal sólido, recursos suficientes y metas claras.

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum se presentó este 1 de septiembre como un espectáculo de propaganda, más parecido a un mitin político que a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Con un discurso triunfalista y lleno de frases huecas, la presidenta optó por culpar al pasado y maquillar cifras en lugar de reconocer las deficiencias actuales de su administración.

Un informe sin autocrítica ni resultados reales

Desde Acción Nacional se ha señalado que México merece un gobierno que diga la verdad y asuma responsabilidades. Sin embargo, el mensaje de Sheinbaum fue todo lo contrario: un recuento maquillado en temas clave como salud, seguridad, economía y democracia.

• Salud: La presidenta aseguró que existe un 90% de abasto de medicamentos y quirófanos funcionando, pero la realidad es que miles de familias siguen peregrinando en busca de medicinas y los hospitales enfrentan carencias diarias.
• Seguridad: Se presumió una supuesta reducción en homicidios y feminicidios, pero se omitieron los datos de fosas clandestinas, territorios dominados por el crimen organizado y víctimas que crecen cada día.
• Economía: Aunque se habló del aumento al salario mínimo, se ignoró la inflación que devora el ingreso de las familias. Lo que antes costaba 10 pesos ahora cuesta hasta el doble, dejando sin poder adquisitivo a millones de mexicanos.
• Democracia: La reforma para elegir ministros y jueces por voto popular fue presentada como un avance democrático, pero en realidad debilita a las instituciones al someter la justicia a intereses políticos.

Contradicciones y excesos del gobierno

El discurso presidencial estuvo cargado de contradicciones: se habla de transición energética mientras se apuesta todo al petróleo; se presume austeridad, pero abundan casas de lujo, viajes al extranjero y privilegios familiares; se habla de soberanía, pero ante las amenazas de Donald Trump, la respuesta del gobierno fue débil y sumisa.

Morena simula, México exige resultados

El informe de Claudia Sheinbaum no reflejó al México real: el de la inseguridad, el desabasto, las obras inconclusas y el costo de vida que asfixia a las familias. En lugar de reconocer los problemas y proponer soluciones, el gobierno convirtió la rendición de cuentas en un mitin propagandístico.

Desde Acción Nacional se sostiene con claridad:

• Lo que vimos no fue un informe, fue un espectáculo vacío.
• Este no es el gobierno de la Cuarta Transformación, es el del Cuarto Retroceso.
• México merece resultados reales, no discursos maquillados.

Mientras Morena se dedica a simular, en el PAN seguiremos defendiendo la democracia, la verdad y a las familias mexicanas que exigen seguridad, salud, empleo y un gobierno responsable.

Este fin de semana participé en la Reunión Plenaria del PAN en Jalisco, un encuentro clave rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones. Ahí definimos una agenda clara y firme: defender la democracia, proteger la economía de las familias, garantizar el abasto de medicinas y enfrentar de frente a la narcopolítica.

Bajo el lema #ResistenciaEnAcción, reafirmamos que nuestra lucha no es contra un partido, sino contra un modelo de gobierno que quiere perpetuarse en el poder a costa de las instituciones, las libertades y el futuro de México.

Morena busca poder absoluto, nosotros defendemos a las familias

Hoy vemos a Morena obsesionado con imponer reformas a modo, manipular las reglas electorales, centralizar recursos y debilitar los contrapesos democráticos. Ante esa amenaza, en Acción Nacional tenemos propuestas reales que responden a lo que viven millones de mexicanas y mexicanos:

• Economía familiar primero: no permitiremos nuevos impuestos ni más gasolinazos. Nos comprometimos a que el precio de la gasolina no supere los 20 pesos por litro, a impulsar tarifas eléctricas justas, deducción total de colegiaturas y reducción de impuestos a quienes menos ganan. También defendemos a los productores del campo con apoyos reales.
• Salud sin corrupción: seguiré alzando la voz para garantizar el abasto de medicamentos, porque la salud no puede seguir siendo rehén de la indolencia y la corrupción de este gobierno.
• Seguridad y democracia: propusimos cárcel de por vida para los narcopolíticos que usan el poder para servir al crimen organizado. Y advertimos que no vamos a permitir que Morena manipule las reglas electorales: defender la democracia es defender a la ciudadanía.

No más deuda ni leyes espía

No puedo quedarme callado frente al endeudamiento histórico que Morena ha provocado: en solo siete años, duplicaron la deuda del país de 10 a casi 18 billones de pesos. No avalaremos un presupuesto que hipoteque el futuro de nuestros hijos.

Tampoco aceptaré las llamadas “leyes espía”, que pretenden recopilar datos personales —huellas, iris, información médica y financiera, incluso geolocalización— sin orden judicial. Desde Acción Nacional ya impulsamos amparos para proteger la privacidad de cada ciudadano.

Somos la oposición firme que México necesita

Me enorgullece decir que Acción Nacional ha sido el muro de contención frente a los retrocesos de Morena. Hemos impedido que el colapso de instituciones democráticas sea una realidad.

En esta plenaria refrendamos nuestro compromiso:

Frente al autoritarismo, unidad. Frente al espionaje, libertad. Frente a la corrupción, justicia.

Pensamos en el futuro, no en el poder

Mientras Morena solo busca perpetuarse en el poder, en Acción Nacional trabajamos por un México con certeza, justicia y oportunidades. Nuestra responsabilidad es clara: defender la democracia cueste lo que cueste y construir soluciones para las familias mexicanas.

Hoy más que nunca estoy convencido de que la resistencia se convierte en acción, y que la voz firme de Acción Nacional seguirá siendo la esperanza de millones de ciudadanos que no se rinden frente al autoritarismo.

---